El Congreso blinda la pensión de los expresidentes

"O se ejerce de expresidente o de lobbista", afiló el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, calcando un argumento del diputado del PNV Aitor Esteban, que recuperó la misma frase. Ambos apoyaron como el resto de grupos, salvo PSOE y PP un cambio en el régimen que disfrutan los expresidentes para evitar que la dotación pública que perciben 80.000 euros anuales sea compatible con otros ingresos privados. ERC y UPyD impulsaron las iniciativas.

El fichaje de Felipe González por Gas Natural 126.000 euros al año y el de José María Aznar por Endesa 200.000 euros que se suman a otros ingresos que superan el millón de euros anual movieron estas propuestas que piden que los expresidentes elijan entre ingresos públicos o privados.

"La compatibilidad resulta insultante", adjetivó la portavoz de UPyD, Rosa Díez. "No cuestionamos la retribución, sino su compatibilidad" con otros ingresos, explicó Ridao. Es "éticamente discutible", criticó el representante del PNV. Jordi Xuclà, de CiU, más recatado, advirtió contra la tentación del "desprestigio de la función política" y abrazó las propuestas.

Desde el PP, Arturo García-Tizón, defendió la compatibilidad: "Se da un estatus de dignidad a los expresidentes y a toda la nación a la que representan" y rechazó el apelativo lobbista aplicado a González y Aznar.

"No es un privilegio", rebatió desde el PSOE Jesús Quijano, la asignación "no es una retribución personal", sino que paga la oficina de los expresidentes. Quijano invitó a "rentabilizar y no demonizar" su figura a cambio de que estos se distancien de la política activa.