Después de que los magistrados del Tribunal Constitucional rechazaran  por seis votos contra cuatro el último borrador de la sentencia que avalaba la mayor parte del Estatuto de Catalunya, la hasta ahora ponente, Elisa Pérez Vera, ha renunciado.

A partir de ahora, el encargado de elaborar un borrador que permita dictar una sentencia será el vicepresidente del Constitucional, el conservador Guillermo Jiménez Sánchez.

Jiménez, designado magistrado del TC por el PP, es uno de los jueces cuya renovación por el Senado se encuentra pendiente desde diciembre de 2007.

La decisión ha sido adoptada por la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas. Tras la celebración del pleno, que terminó sobre las 14.20 horas, todos los magistrados menos Casas y Jiménez abandonaron el tribunal, según señalaron fuentes jurídicas.

A pesar de formar parte del sector conservador, Jiménez formaba junto al magistrado Manuel Aragón el grupo de 'indecisos'. El voto a favor de estos dos magistrados 'bisagra' era fundamental hoy para poder conformar la mayoría necesaria -seis votos o cinco si la presidenta hubiese decidido ejercer su voto de calidad- que hubiese permitido sacar adelante la sentencia elaborada por Pérez Vera.

La designación del nuevo ponente retrasará aún más la sentencia definitiva del Estatuto de Catalunya, después de que el Constitucional haya rechazado la última ponencia, en la que se anulaban 15 artículos de texto y se sometían otros 20 a interpretación.

Jiménez deberá elaborar ahora desde cero un nuevo borrador de sentencia, una labor que puede durar meses.

Después tendrá lugar un nuevo proceso de negociaciones y deliberaciones entre los distintos sectores del tribunal con el objetivo de aunar las voluntades suficientes que permitan aprobar la ponencia de Jiménez y dictar, por fin, una sentencia definitiva.

A la duración de este proceso se suma además el escollo que representan las próximas elecciones catalanas , que todavía no han sido convocadas pero que en principio se celebrarán el próximo otoño.

Se presupone que las resoluciones del Tribunal Constitucional no pueden interferir en los procesos electorales. Aún así, fuentes del Gobierno señalaron que el Ejecutivo socialista no descarta que el Constitucional pueda dictar sentencia sobre el Estatuto de Catalunya antes del verano.

En cambio, si se convocan elecciones en Catalunya, la lógica indica que los magistrados no volverían a intentar dictar sentencia hasta después de que de los catalanes tenga su cita con las urnas y se conforme un nuevo gobierno en la Generalitat.

La designación de un sustituto para Jiménez, que corresponde al Senado, se encuentra pendiente desde diciembre de 2007.