En los minutos de descuento de la legislatura, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, han llegado a un acuerdo para reformar la Constitución. Podría ser motivo de celebración para el Ejecutivo, tras dos legislaturas buscando el consenso de los grupos para hacer una modificación 'limitada y pactada' de la Carta Magna, pero la iniciativa ha despertado múltiples recelos en todas las formaciones, excepto el PP. La urgencia en su tramitación y la naturaleza de la modificación, que pretende fijar un límite al déficit público, están detrás de la desconfianza.

El primer retoque al texto constitucional, y único hasta la fecha, se lo dieron los partidos en 1992. Entonces, los grupos parlamentarios propusieron un cambio para que los extranjeros pudiesen presentarse y ser elegidos en las elecciones municipales. La modificación fue aprobada por unanimidad y no se celebró referéndum porque nadie lo pidió.

La reforma exprés que comienza a tramitarse este martes con el objetivo de que se apruebe en poco más de una semana es más profunda. Y aunque cuenta con el acuerdo de los dos partidos mayoritarios, hay una fuerte contestación entre los minoritarios.

Desde diversos sectores del PSOE se apunta a los efectos perjudiciales que tendrá para España, al restarle margen de maniobra en su política fiscal, y al menos un par de diputados socialistas son partidarios de pedir un referéndum. De momento, parece difícil la celebración de una consulta, que se debe convocar si lo reclaman un 10% de diputados o senadores. Pero el rechazo está siendo especialmente fuerte en la red, donde la iniciativa #yoquierovotar ya ha sido secundada por más de 80.000 personas.

El Consejo de Estado elaboró un informe en 2006, que no ha servido para nada

Las propuestas para reformar la Constitución de 1978 llevan décadas sobre la mesa. Según el constitucionalista Antonio Torres del Moral, se está a vueltas con su modificación casi 'desde el día posterior a su promulgación', sobre todo de su Título VIII, centrado en la organización territorial del Estado. En 1996, el entonces candidato del PP José María Aznar se erigió en adalid de la reforma de la Carta Magna, en lo referido al Senado, para convertirlo en una verdadera Cámara de representación territorial. Tras su victoria electoral y, sobre todo, con la mayoría absoluta del año 2000, los conservadores y Aznar silenciaron el debate sobre el modelo territorial.

Las voces a favor de una reforma no volvieron a alzarse hasta 2004. Tras el enlace de Felipe de Borbón con Letizia Ortiz, la discusión en torno a la modificación de la Constitución resurgió, esta vez para acabar con la discriminación de la mujer en la sucesión a la Corona. Actualmente, tiene preferencia el varón en la línea sucesoria.

Este fue uno de los cuatro puntos de reforma constitucional que recogió el PSOE en su programa de 2004, junto a la inclusión del nombre de las 17 comunidades autónomas, la referencia a la Constitución Europea y la reforma del Senado. En la campaña electoral de 2008, la mayoría de las formaciones plantearon la necesidad de modificar la Constitución. Unas, apostaban por la celebración de un referéndum para elegir entre monarquía o república (IU), otras lo hicieron para impulsar la pluralidad lingüística y cultural (ERC y CiU), sustituir la provincia por la comunidad como circunscripción electoral (UPyD) o blindar las competencias del Estado (PP).

Los intentos de los grupos por actualizar la Carta Magna han sido muchos. Pero todos han sido en vano por la falta de acuerdo entre los partidos y la rigidez del procedimiento de reforma en determinados asuntos, que obliga a disolver las Cortes y convocar un referéndum. Muchas de las modificaciones sugeridas por los partidos y que duermen en el cajón tendrían que realizarse por este procedimiento agravado.

El PSOE propone desde 2004 la eliminación de la discriminación por razón de sexo en el acceso a la Corona, recogida en el Título II de la Constitución. El Gobierno pidió al Consejo de Estado en 2005 un informe sobre esta modificación, que afectaría al artículo 57.1, pero pidiendo que se salvaguardase 'expresamente los derechos del Príncipe de Asturias'. El Consejo de Estado se pronunció en 2006, proponiendo como solución introducir literalmente que la sucesión le corresponde a Felipe de Borbón y eliminar la referencia a que se prefiere al varón a la mujer.

Más de 80.000 ciudadanos piden votar la reforma de PSOE y PP

Como partidarios de la república frente a la monarquía, Izquierda Unida (IU) defiende la modificación del artículo 1.3, que tendría que hacerse por el procedimiento agravado. En el marco de las reformas constitucionales previstas para esta legislatura, IU abogó por la celebración de un referéndum sobre la forma del Estado si bien este no es vinculante como paso previo a plantear esa modificación.

La revisión de 'la figura del rey y la monarquía' están también entre los deberes pendientes, según el diputado Joan Tardá, de Esquerra Republicana. 'Hay muchas reformas en el tintero', insistió una vez conocida la que pretenden PSOE y PP.

La petición de una reforma de la Cámara Alta fue casi unánime en 2008, con la excepción del PP, que no la recogió en su programa electoral, si bien propuso la aprobación de un nuevo Reglamento para hacerlo más 'ágil' y lograr que conectase con las preocupaciones sociales. Cuatro años antes sí abogaba por la modificación, pero sin que afectase a la Constitución. El texto constitucional se refiere a las Cortes, en general, y al Senado, en particular, en el Título III. Por tanto, su modificación seguiría el procedimiento ordinario.

Entre las formaciones que defienden la necesidad de reformar el Senado, el objetivo es convertirlo en un verdadera Cámara de representación territorial y no de segunda lectura, como ha terminado siendo. UpyD, por ejemplo, aboga por una Cámara donde las comunidades puedan defender sus intereses autonómicos.

La petición de una reforma de la Cámara Alta fue casi unánime en 2008

Los nacionalistas catalanes de CiU aspiran a que este órgano refleje la existencia de diversas naciones dentro del Estado. La propuesta del BNG pasa por modificar las funciones y la forma de elegir a los senadores, que deberían ser designados por los parlamentos autonómicos. También señala la necesidad de reformar el artículo 74.2, con el objetivo de que algunas iniciativas legislativas partan de esta Cámara.

El Gobierno de Zapatero sostuvo en la primera legislatura que sólo con una reforma constitucional podría lograrse que la Cámara tuviera 'identidad propia' y que no constituyese 'una reiteración corregida del proceso parlamentario ya transitado en el Congreso'.

Este fue otro de los puntos que analizó el Consejo de Estado, que consideró que el Senado era una 'Cámara excepcionalmente numerosa y singularmente desprovista de poder'. Así, sugirió atribuirle competencias legislativas directas y reducir sensiblemente el número de senadores que serían elegidos coincidiendo con las elecciones autonómicas a razón de seis por comunidad, más uno por cada provincia. Se reducirían así en un centenar los 260 senadores actuales.

El Título VIII de la Constitución configura el modelo territorial español, conocido como Estado de las Autonomías. Algunos expertos sostienen que este capítulo de la Carta Magna que pretende dar encaje a las nacionalidades históricas se cerró en falso. De ahí que el debate sobre centralizar o descentralizar esté a la orden del día.

La aprobación de la reforma del Estatut de Catalunya supuso una fractura entre PP y PSOE con el modelo de Estado de fondo. Así, los conservadores concurrieron en 2008 con una propuesta de reforma para garantizar la estabilidad del sistema autonómico y dotar al Estado de los instrumentos para reafirmar la igualdad de los españoles.

La aprobación de la reforma del Estatut de Catalunya supuso una fractura entre PP y PSOE

En este sentido, apostaron por declarar 'irrenunciables e intransferibles' las competencias estatales fijadas en el artículo 149.1. También propusieron modificar el artículo 150.2 que abre la puerta a las transferencias a las comunidades reduciendo la delegación a supuestos tasados.

La formación que lidera Rosa Díez suscribe la tesis de 'cerrar la distribución de competencias' entre el Estado y las comunidades. De ahí que proponga establecer como 'intransferibles' la representación internacional, la educación y la legislación básica que afecte a sanidad, el medio ambiente y el urbanismo. UpyD también aboga por suprimir la disposición transitoria que afecta a Navarra y la disposición adicional que consagra los derechos históricos de los territorios forales.

El Consejo de Estado se pronunció, aunque no fue preguntado por ello, sobre los límites en la distribución territorial, porque el reparto de competencias 'no puede considerarse cerrado definitivamente'. No obstante, el informe apunta que sería conveniente precisar que lo que se cede a las comunidades por el 150.2 es el ejercicio de facultades sobre materias de titularidad estatal. Por otro lado, señala que 'convendría delimitar el ámbito de las facultades de titularidad estatal que puedan ser delegadas' de una forma más precisa que la que recoge la Carta Magna. Por ello, señala que sería adecuado determinar qué facultades son indelegables.

Frente a la corriente centralizadora, las formaciones nacionalistas, IU y el PSOE apuestan porque se reconozca la diversidad cultural y territorial. Tanto CiU como ERC y BNG exigen el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. Los independentistas catalanes, por ejemplo, siguen planteando la necesidad de aclarar si el sujeto de la soberanía es el Estado y defienden impulsar la pluralidad lingüística y cultural. En la misma dirección van las reclamaciones de CiU, que también apunta el renococimiento explícito de los símbolos de Catalunya.

La federación de izquierdas liderada por Cayo Lara propone avanzar hacia un Estado federal republicano. Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, planteó esta semana la posibilidad de 'aprovechar' la reforma anunciada por los dos partidos mayoritarios para defender su 'paquete de reformas', con el derecho de los vascos a decidir en lo más alto de sus reivindicaciones.

Por la vía de la reforma constitucional, tanto IU como UPyD reclaman un cambio en la circunscripción electoral, que el artículo 68.2 de la Constitución establece que es la provincia. Ambas formaciones ven más adecuado que sea la comunidad autónoma.

La modificación del sistema electoral, sin embargo, no se agota aquí. También se han propuesto impulsar una reforma de la Ley Electoral. Buscando mayor proporcionalidad en el reparto de escaños, IU es partidaria de ampliar a 400 el número de diputados, sustituir la Ley D'Hont por la fórmula St. Lagüe para determinar el reparto de escaños, reducir a uno el número mínimo de diputados por provincia y crear una bolsa de restos para que mejore el ratio entre población y diputados. UpyD defiende una reforma en términos muy similares.

Los socialistas abogaron por incorporar el nombre de las comunidades autónomas en el texto constitucional y hacer una referencia al papel de España en la UE. Las dos modificaciones fueron estudiadas por el Consejo de Estado, que no apreció mayores reparos para incluirlas. Sin embargo, están paralizadas.

El PP aboga por constitucionalizar varios principios, como el de lealtad constitucional o la unidad de mercado, entre otros.

Desde UPyD también han propuesto reformar el artículo 16.3 sobre la libertad religiosa y eliminar la mención a la cooperación de los poderes públicos con la Iglesia católica, para que se limite a decir que 'ninguna confesión tendrá carácter estatal'. También propone incorporar la 'lengua' en el artículo 14, como una de las razones por las que no se puede discriminar a nadie.