El Estatut fue aprobado en referéndum, pero eso no le garantiza no sufrir más cambios de los operados en las Cortes, donde entró con el 90% de apoyo del Parlament. Le queda la prueba del Tribunal Constitucional. Allí se bate contra siete recursos. Los de más enjundia son el del PP y el del Defensor del Pueblo, que tienen recurridos los principales artículos. El recurso de los conservadores incurre en la contradicción de pleitear contra apartados que el PP, en el caso del Estatuto andaluz, copió literalmente.

Los recursos en el TC no sólo crean un contratiempo político. También han reventado la convivencia y los consensos en el alto tribunal, convertido en campo de batalla político y sede de intrigas. Un Rajoy preso del sector más intransigente del PP llevó en 2006 el texto al TC para ganar entre togas lo que perdió en las urnas.

Quería la sentencia antes del 9-M para usarla como arma arrojadiza exhibiendo el “fracaso” del modelo de Estado de Zapatero. Pero acabó siendo víctima de su dinámica. Empezó recusando al magistrado progresista Pablo Pérez Tremps. Ganó porque el juez colaboró, cuando no estaba en el TC, con la Generalitat en trabajos preliminares del Estatut.
Con Tremps sin poder juzgar el recurso del PP –no consiguieron acumularlo con los otros– se tramitaron leyes de reforma del funcionamiento del TC para prorrogar el mandato de la presidenta.

Cuando parecía que el dibujo estaba claro y juzgarían el recurso del PP seis conservadores y cinco progresistas por el bloqueo a la renovación del tribunal, la muerte de Roberto García Calvo, al que la Generalitat intentó recusar, recompuso el equilibrio original con empate de tendencias y voto de calidad de la presidenta María Emilia Casas, del sector progresista.

Fallo interpretativo

Los partidos catalanes esperan (y temen) una sentencia interpretativa que puede desembocar en una fuerte tormenta política. Últimamente el PP ha intentado moverle de nuevo la silla a Casas por conversar con una abogada implicada en un homicidio. No han podido y el TC mostró voluntad de “seguir trabajando con normalidad”. Esta semana el pleno siguió deliberando sobre los recursos pero parece difícil que antes del otoño haya sentencias.