El Constitucional rechaza el quinto borrador del Estatut

El debate sobre el Estatut de Catalunya se alargará aún más después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado la última ponencia, en la que se anulaban 15 artículos del texto y se sometían otros 20 a interpretación, tras tres días de debate sin llegar a un acuerdo. 

En la votación sobre el borrador elaborado por la ponente Elisa Pérez Varela, cuatro votos han sido a favor (la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, la propia ponente y los magistrados Pascual Sala y Eugeni Gay) de la validación del Estatut y seis se han opuesto (Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado, Vicente Conde, Jorge Rodríguez-Zapata, Guillermo Jiménez, y Manuel Aragón). De este modo, el Constitucional fracasa por quinta vez en su intento de llegar a un acuerdo sobre la sentencia respecto al recurso que presentó el PP contra el texto aprobado en el Parlament catalán.

Tras apenas dos horas de debate —los magistrados iniciaron las deliberaciones pasadas las doce y media del mediodía y abandonado el edificio alrededor de las 14,20 horas— se procedió a la votación del texto de la ponente y el texto fue rechazado por el denominado "bloque conservador" en el alto tribunal. 

A partir de ahora, el encargado de elaborar un borrador que permita dictar una sentencia será el vicepresidente del Constitucional, Guillermo Jiménez, del sector conservador y que debería haber abandonado el tribunal en diciembre de 2007.

La decisión de designar a Jiménez como nuevo ponente ha sido adoptada por la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas. A pesar de integrar parte del sector conservador, Jiménez formaba junto al magistrado Manuel Aragón el grupo de "indecisos".

El voto a favor de estos dos magistrados "bisagra" era fundamental para poder conformar la mayoría necesaria -seis votos o cinco si la presidenta hubiese decidido ejercer su voto de calidad- que hubiese permitido sacar adelante la sentencia elaborada por Pérez Vera.

En una votación realizada a modo de "sondeo" el pasado mes de noviembre, cuyas posiciones se han repetido en la sesión de hoy, se evidenció que a favor de la ponencia estarían, además de su autora, la presidenta del Tribunal, María Emilio Casas y los magistrados de tendencia progresista Eugenio Gay y Pascual Sala.

En contra estarían posicionados los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapatea y Javier Delgado, todos ellos situados en el sector conservador del tribunal. En un tercer bloque, según especulaciones de los últimos meses, se situarían los tres magistrados que podían tener la clave para la aprobación definitiva del texto, el vicepresidente Guillermo Jiménez y los magistrados Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón Reyes, que hoy también han votado en contra del borrador de la sentencia, según fuentes jurídicas.

A finales de julio de 2006, poco después del referéndum que aprobó el Estatut, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad, que afecta a 114 artículos y 12 disposiciones y tiene más de 400 folios. El PP alegó que su objetivo es defender la Constitución y los derechos de los ciudadanos.

Posteriormente, se admitieron a trámite otros seis recursos de inconstitucionalidad contra la norma catalana: del Defensor del Pueblo y de las Comunidades de Murcia, Baleares, La Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón.

Tres años después de ser aprobado el Estatut y cinco ponencias después, son tres las principales vías de solución para conocer la constitucionalidad del texto.

La primera sería que se volviera a elaborar, una vez más, la ponencia ya existente, que anulaba 15 artículos y sometía a interpretación a otros veinte.

La segunda opción sería que los miembros del Tribunal redacten una nueva ponencia y que ésta se someta a una nueva votación. Sería la sexta en el tiempo que lleva el Constitucional tratando el Estatut.

Por último, el Constitucional podría declararse incompetente, con los miembros que forman actualmente el Tribunal, para abordar el asunto y tendría que modificar su composición. Esta vía sería la más larga, puesto que quedaría pendiente de un acuerdo de los principales partidos políticos sobre la formación del Constitucional. Conviene recordar que siete de sus diez miembros han rebasado su fecha de renovación o están a punto de hacerlo.