Los controladores deberán responder por el boicot

El día después del mayor caos aéreo de la historia de España provocado por los controladores, que aún se sufre, se presenta complicado para el colectivo. Antes de volver a sentarse con la empresa pública de aeropuertos, AENA, para negociar el convenio colectivo, la raíz del largo conflicto, estos técnicos tendrán que afrontar las responsabilidades por las ya más de 24 horas de descontrol en los cielos españoles. El ministro de Fomento, José Blanco, ya advirtió ayer que "se han abierto expedientes disciplinarios" y la "fiscalía está actuando", puesto que el viernes ya abrió diligencias informativas para investigar si los controladores que no cumplieron con su trabajo incurren en un delito penal bajo amenaza de cárcel. Blanco dijo, en una entrevista con TVE, que "de todas esas actuaciones tendrán que responder". En la misma línea, el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba dejó claro que "sin duda habrá consecuencias" para los controladores díscolos.

Las fiscalías de Madrid, Catalunya y Valencia han abierto ya diligencias para aclarar si los controladores cometieron ayer y el viernes un delito de sedición, al estar bajo el mando militar del Ministerio de Defensa. El Ministerio Público de Madrid citará a declarar a partir del jueves a los controladores que se ausentaron de su puesto, informa EP.

Militarizar el control es una "irresponsabilidad", dice el colectivo

A esto hay que añadir que el colectivo seguía bajo el régimen de disciplina militar y no civil.

La estrategia de presión que llevan años ejerciendo los controladores y que tuvo su culmen el viernes con la huelga de brazos caídos con el pretexto de incapacidad física o psíquica para hacer su trabajo ha tocado techo con el estado de alarma.

Blanco dejó claro que hay que "acabar de una vez por todas con unos privilegios inadmisibles e impropios" cuando hay "ciudadanos que lo pasan mal" y "tras el ajuste" estos técnicos siguen cobrando 200.000 euros al año y "chantajeando al Estado por cuestiones laborales". Lanzó el mensaje a los 2.400 controladores (unos 2.100 están en activo) de que "tendrán que pensar" si los interlocutores que tienen para negociar el convenio colectivo, caducado en 2005, "son adecuados", en referencia al sindicato mayoritario, Usca, que representa al 97% del colectivo. Una vez que se normalice la situación en el tráfico aéreo, para lo que aún habrá que esperar al menos al lunes, volverá a ponerse sobre la mesa la negociación del convenio colectivo, que sigue sin resolverse.

El decreto de febrero ya abría la vía de recurrir al mando militar

En pleno ataque de bajas masivas por "ansiedad", el presidente de Usca, Camilo Cela (sobrino del ilustre escritor) y varios miembros de la junta directiva del sindicato intentaron negociar el convenio colectivo apareciendo en Fomento por la tarde con su última propuesta sobre esta cuestión. La respuesta que recibieron es que no era el momento y que lo prioritario era que los controladores volvieran a sus puestos de trabajo.

Después de eso ha habido "contactos" con Fomento, pero ya no para la negociación.Aunque fuentes de Usca confían en que se puedan retomar las conversaciones la próxima semana, a pesar de la resaca del caos. En Fomento y en Aena no se atreven a decir tanto.

"El caos se podría haber evitado perfectamente", señaló ayer a Público César Cabo, secretario de comunicación de Usca. "¿Qué han hecho a este colectivo para que tenga esa reacción tan disparada que haya provocado ese efecto contagio?", se queja Cabo, en referencia a las bajas masivas de las que el sindicato niega tener conocimiento previo en ningún caso. Usca justifica que "llevábamos dos meses advirtiendo que los controladores agotábamos nuestro límite de horas anual", señala Cabo. El sindicato cree que había alternativas, como planificar de nuevo turnos, sin llegar al decreto de militarización del control aéreo, que considera "una irresponsabilidad".

Blanco califica de "inadmisibles e impropios" sus privilegios

Los más rebeldes en todo este conflicto, que lleva cerrado en falso décadas, son los controladores de Madrid, en concreto, del centro de Torrejón de Ardoz, uno de los seis que controlan los sobrevuelos de aviones en todo el espacio aéreo español. Camilo Cela se fue ayer desde Fomento hasta estas dependencias para convencer a los técnicos de que reanudaran sus tareas.

Los militares habían ocupado ya las torres de control y exigido, al parecer educadamente, a los controladores que reanudaran sus funciones. Usca insiste en que ha hecho llamamientos a la calma desde el viernes. Y reitera que no lucha por mantener sus astronómicos sueldos de 200.000 euros anuales, sino por unos derechos laborales dignos.

Más expresiva fue una controladora de Madrid, Merche Canalejo, quien señaló que su colectivo no es el "origen del problema", sino las "condiciones de esclavitud" en las que desempeñan su trabajo, dijo a Efe. Antes de eso, pidió "un millón de disculpas" a los ciudadanos y señaló que no querían "llegar a esto".

Aparentemente, los controladores se declararon de baja masivamente como una reacción individual en protesta por el decreto aprobado el viernes que descontaba como horas trabajadas todo tipo de permisos (desde horas sindicales a permisos de maternidad). Como resultado, todo controlador que hubiera disfrutado de horas de permisos desde febrero, cuando Fomento cambió por decreto el régimen horario, tiene que devolverlas. Pero la reacción individual se parece más a una campaña organizada por su milimétrica ejecución a partir del turno de las tres del viernes.

El colectivo seguía bajo disciplina militar

El decreto para militarizar el control aéreo, adelantado el viernes por Publico.es, no es algo improvisado. Blanco lo llevó al Consejo de Ministros el viernes por si había que activarlo ante la sospecha de movilizaciones por parte de los controladores, aunque no se tenía idea de la magnitud. Sin embargo, el decreto de febrero, el primero de los tres que ha aprobado Fomento para regular el control aéreo para rebajar sus costes (determinados por los sueldos de los controladores), ya abría la vía para poder encomendar al Ministerio de Defensa el mando del espacio aéreo. Una disposición adicional recuerda que Aena y "su personal" deben facilitar el cumplimiento del artículo 4.4. a de la Ley de Seguridad Aérea, que permite que el presidente del Gobierno pueda encargar el mando del control aéreo a Defensa "en circunstancias extraordinarias que así lo aconsejen". Cuando, a principios de agosto, Usca amenazó con su primera huelga legal (todas han sido encubiertas), Blanco también aludió a una solución militar, pero se pensó que podría ser la sustitución de los técnicos por militares.

En un año de guerra abierta, la nueva directiva de Usca que entró en junio pasado ha demostrado que, pese a las apariencias, el ala dura nunca ha abandonado la cúpula del sindicato. Ha vuelto a la táctica de hechos consumados, aunque en verano intentó el ultimátum y fracasó.