Dos años de pena mínima. Esa será la consecuencia que tendrán que pagar quienes organicen, utilizando las nuevas herramientas de Internet, concentraciones violentas. La reforma del Código Penal detallada hoy en el Congreso por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, tipificará este acto como “delito de integración en organización criminal”.

Para el ministro, este endurecimiento de la ley es necesario para luchar contra la “espiral de violencia” que protagonizan los “colectivos antisisitema que practican técnicas de guerrilla urbana”. Así se ha referido Díaz a acontecimientos como los ocurridos en Barcelona durante el día de la huelga general.

La finalidad de establecer como mínimo una pena de dos años es la de poder enviar a la cárcel a los convocantes de dichas manifestaciones. Con esta reforma, los fiscales podrán pedir prisión provisional para los acusados y los jueces, acordarla, informa Europa Press.

Incluir la resistencia “pasiva o activa” como un “atentado a la autoridad” o endurecer las penas de violencia callejera hasta el extremo de equipararlas con la legislación aplicada a la kale borroka son otras de las medidas explicadas hoy por el Gobierno. Según el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, el objetivo es “robustecer la autoridad” y garantizar el orden público.