Una corruptela gratis, una verdad muy cara

En junio de 2002, Villaviciosa de Odón, municipio madrileño que entonces tenía 21.000 habitantes, registró un brote agudo de simpatía conservadora. De la noche a la mañana, 78 ciudadanos decidieron afiliarse al PP local y apoyar la elección como presidenta local de la alcaldesa Nieves García, una militante sensible hacia el desarrollo inmobiliario y a quien disputaba el cargo un rival de su propio partido, Eusebio Martín, cuya sensibilidad se presumía más dudosa o infiel.

Una docena de los 78 afiliados pertenecía a la familia de Francisco Bravo y de su tío Francisco Vázquez, promotores con intereses en Villaviciosa. La entonces presidenta local del PP, alcaldesa hasta 1999 y ahora concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, denunció el pucherazo ante la dirección regional del PP. Pero la operación quedó impune.

78 ciudadanos se afiliaron de golpe y de manera irregular al PP en Villaviciosa

Cinco años más tarde, un juez de Móstoles consideró veraces las informaciones sobre el pucherazo publicadas por una revista de Villaviciosa ligada a un sector del PP: el magistrado desestimó la demanda de protección del honor planteada por Bravo y Vázquez, pero el pucherazo quedó impune. La intervención de Pilar Martínez, que declaró como testigo en aquel juicio, evidenció lo siguiente, según la sentencia: "Una serie de irregularidades que afloran en los documentos anteriormente referenciados [varias cartas dirigidas por la ex alcaldesa a la dirección regional del PP] y que han sido ratificadas" por la propia Martínez. En junio de 2008, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la sentencia.

Ahora, otro juez, este de Madrid y de la jurisdicción penal, ha condenado a dos periodistas de la Cadena SER a un año y nueve meses de prisión por publicar la lista de los 78 ciudadanos que afianzaron el rumbo de las políticas que García, hoy diputada aguirrista en la Asamblea de Madrid, aplicaba en Villaviciosa. Difundir sus nombres y sus domicilios que en distintos casos coincidía con el de una empresa de Bravo atentó contra el derecho a la intimidad y constituyó un delito de revelación de secretos, según el juez.

El supuesto secreto revelado no era otro que el de su militancia. En la sentencia, el magistrado considera que la protección constitucional de la libertad de información no ampara las noticias difundidas a través de Internet. Y se transmuta en profesor para indicar cómo se debía haber publicado la historia: sin nombres ni datos personales. La Fiscalía considera excesiva la pena, pero mantiene su petición de cárcel cinco meses, en este caso en su recurso ante la Audiencia madrileña.

Varios eran familia del empresario que pagó la habitación al traidor Tamayo

En junio de 2003, un año después del pucherazo, los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez pasaron la noche del día 10 en un hotel madrileño. Habían protagonizado una jornada histórica al ausentarse de la votación de la que el candidato de su partido, Rafael Simancas, debía salir investido presidente. Su deliberado plantón abrió la puerta al triunfo de Esperanza Aguirre. Por la noche, ambos abrían otra puerta: la de las habitaciones 209 y 309 del hotel AC Los Vascos. Las había reservado el promotor Francisco Bravo, cuyo nombre figuraba en la lista de los 78.

Aquella noche se esfumó el fantasma que recorría no Europa la alianza PSOE-IU pero sí distintos sectores empresariales de Madrid. En la pesadilla aparecía Simancas con sus socios comunistas parando el avance del ladrillo, como un guardia de tráfico decidido a tocar el silbato por un quítame allá esa zona verde. O por un Quitapesares, nombre del polígono de Villaviciosa donde el ayuntamiento que dirigía García vendió a una empresa de Bravo suelo a bajo precio en el año 2000. En la junta de compensación de Quitapesares, formada por los propietarios del terreno para promover su desarrollo urbanístico, Bravo coincidió con Tamayo.

Nunca se sabrá qué habría ocurrido si, en el verano de 2002, el PP de la capital hubiera frenado la afiliación de esos 78 ciudadanos, entre los que figuraba Bravo. Pilar Martínez, escribió cinco cartas dirigidas a varios responsables del PP de Madrid, incluído Ricardo Romero de Tejada, por entonces secretario general del PP madrileño. Romero de Tejada reconoció que, tras la espantada de Tamayo y Sáez, había recibido a Francisco Bravo en la sede central del PP.

La presidenta local del PP denunció lo ocurrido. Nadie tomó medidas

En su querella por el tamayazo, el PSOE citaba ese episodio: "No es, en absoluto, intrascendente una reunión promovida por un empresario del PP sin cargo alguno en su partido, que tiene intereses inmobiliarios muy específicos, con el coordinador de política municipal y el número dos del PP de Madrid, para tratar sobre la estrategia a seguir en la conformación de mayorías en contra del PSOE". Como la querella cayó en saco roto, el secreto del tamayazo sigue intacto, impune como el pucherazo de Villaviciosa.