La crisis industrial irrumpe en la recta final de la campaña electoral

La crisis industrial ha irrumpido con fuerza en el tramo final de la campaña electoral, poniendo en nuevos apuros al PSOE. Hay varios frentes. La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y la directora general del Ministerio de Industria, Teresa Santero, recibieron ayer a los trabajadores de Locsa, empresa siderometalúrgica cordobesa de toda la vida (1917) y la única de España que fabrica laminados de cobre y zinc (entre otras cosas, para monedas). En la actualidad está en manos de una multinacional italo-alemana, el grupo KME, que ha anunciado su cierre inminente y, por tanto, el despido de sus 120 empleados (más 50 indirectos). Hoy, a las 12.00, será el turno de los antiguos trabajadores de la planta de componentes de automoción Delphi, que la estadounidense General Motors montó en Puerto Real (Cádiz) en 1982 y cerró en 2007, para llevarse la producción a Polonia, dejando a 2.000 empleados en la calle. Serán recibidos por responsables de los ministerios de Industria y Trabajo a instancias del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.

También ayer, la mesa de seguimiento de Astilleros de Huelva tenía previsto reunirse con representantes de la Junta de Andalucía para buscar una salida a los 53 trabajadores recolocables de la factoría.

Aguilar ha ganado tiempo prometiendo una reunión con los directivos de Locsa

La crisis industrial, pues, ya está en la agenda política. Ayer por la tarde Diego Valderas, líder andaluz de IU, se reunió en Puerto Real con representantes de todos los sindicatos de Delphi. "Me ha gustado comprobar que, más allá de las recolocaciones, los trabajadores aspiran a una reindustrialización de la Bahía. Tienen mirada de futuro", explicó a Público Valderas al término de la reunión. Y también lanzó esta reflexión: "La política industrial de la Junta ha sido inexistente. Estamos perdiendo tejido industrial sin reponerlo. El problema no es de ahora, es de hace años".

La situación tiene ciertos paralelismos con la de 1995. Aunque la crisis ha entrado en la campaña, aportando munición a los adversarios del PSOE en Córdoba el PP ha hecho de Locsa uno de sus temas centrales, el conflicto estaba entonces mucho más en carne viva. Chaves aprendió entonces por las malas los daños y perjuicios que las protestas laborales pueden causar en una campaña. El antecedente de 1995 podría ser hoy fuente de inquietud en el PSOE.

Los trabajadores de Delphi expusieron ayer a Valderas sus preocupaciones

Entonces Andalucía estaba atrapada entre la pinza política PP-IU y una grave crisis económica. Trabajadores de empresas como las jienenses Cárnicas Molina y Santana Motor, la malagueña Intelhorce y los Astilleros de Cádiz, Sevilla y Huelva llenaban las calles de protestas. Este malestar social protagonizó las municipales de 1995, en las que el PP logró una notable subida.

Chaves vivió aquellas elecciones del 95 abandonado por gran parte de su propio partido y acompañado por los peores augurios demoscópicos. Se cumplieron. El PSOE cosechó su peor resultado en unas municipales andaluzas hasta entonces. Consiguió mantenerse por delante del PP en el cómputo total (34% frente a 31%), pero perdió las ocho capitales. La debacle despertó a Chaves, que reaccionó introduciendo en su Gobierno a Gaspar Zarrías con el encargo expreso de aplacar las protestas laborales.

A finales de 1995, a través del Instituto de Fomento de Andalucía comenzaron a fluir las ayudas y la Junta se convirtió en fabricante de embutidos y de todoterrenos al adquirir Molina y Santana por una peseta. Cuando llegó marzo del 96, contra todo pronóstico, Chaves volvió a ganar las elecciones autonómicas.

Chaves y su secretario de Estado Zarrías tendrán en la cabeza esta historia cuando hoy se reúnan con los representantes de UGT, CCOO, CGT y USO en Delphi. Y seguro que tendrán preparada alguna respuesta sobre la vinculación del uso industrial futuro de los terrenos que ocupaba la fábrica con la contratación de sus antiguos trabajadores. Una respuesta que les garantice la ausencia de protestas, al menos hasta después del 22-M. Será algo parecido a lo que la ministra Aguilar les prometió ayer a los representantes de Locsa: que solicitarán una reunión con los directivos de la multinacional y que se comprometen "a buscar soluciones para mantener la actividad".

Claro que, en estos tiempos, nada se ha dicho que pueda llevar a pensar que la Junta se convierta ahora en fabricante de láminas metálicas. Se trata más bien, en palabras de Aguilar, de un "compromiso evidente" del Gobierno de Madrid, "coordinado con la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba", para "encontrar la fórmula que impida la desaparición" de la empresa. Es decir, vencer la resistencia de KME a vender a un tercero o permitir a los trabajadores quedarse con la planta para mantenerla en funcionamiento.

Dependiendo de lo que el próximo domingo digan las urnas, y siguiendo la experiencia de lo que ocurrió en 1995, ¿quién se atreve a asegurar que la Junta no acabará al frente del negocio antes de que los andaluces vuelvan a ser convocados a votar?