El centro penitenciario Sevilla II 'ni debe ni puede' pronunciarse sobre la presunta implicación de cuatro funcionarios en un caso de maltrato a reclusos, obstrucción de la justicia y falsedad. 'Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y vamos a respetarla hasta que el juez dicte una sentencia', respondió ayer el subdirector de la prisión sevillana, Fernando Latorre, a este periódico.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Federación Andaluza de Drogodependencia y Sida Enlace y la Federación Provincial de Drogodependencias Liberación han denunciado que los funcionarios sigan en sus puestos, 'sin que la Administración los haya apartado para evitar que otros presos puedan sufrir los mismos abusos', según una nota enviada a los medios. Ayer, un portavoz de Enlace, insistió en que 'esas personas tienen que ser retiradas de la cárcel porque hay muchas denuncias en su contra'.

Desde Málaga, la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, prefirió también esperar a que la justicia decida sobre si hubo maltrato o no: 'Mientras no se pronuncien los tribunales no será la directora la que diga si una persona que está encausada es culpable o no', informa Efe.

El fiscal pide hasta seis años

La Fiscalía ha pedido hasta seis años de cárcel por maltrato psíquico, obstrucción a la justicia y falsedad para los funcionarios. De ellos, sólo el jefe de servicio ha sido trasladado a otra prisión. Se le acusa de forzar a un preso a aplicarse una lavativa para expulsar objetos que se había introducido en el recto y obligarle a sacarlos de entre sus heces sin guantes. Otro supuestamente le presionó para que retirara su denuncia y falsificó la documentación junto a los restantes imputados.