Con todo lo espectacular que resulta el titular de que se ha abierto juicio oral por presunta prevaricación contra el magistrado durante su instrucción del caso, antes de que haya concluido la investigación y de que, por tanto, se siente en el banquillo, las aberraciones jurídicas que yacen detrás de la decisión tendrán su impacto.

Baltasar Garzón ya no sólo ha sido despojado de la presunción de inocencia. El auto del juez Alberto Jorge Barreiro construye su pieza jurídica sobre una afirmación realizada al definir los hechos objeto del juicio.

'Con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos, el acusado decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales que mantuvieran los internos con sus abogados en los locutorios destinados al efecto, sin excluir a los defensores que tenían encomendada la defensa en el proceso penal, pues, precisamente por la confianza del interno en la confidencialidad de las comunicaciones con su letrado, pretendía obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación. De modo que, conociendo la estrategia de las defensas o datos confidenciales que pudieran proporcionar los internos a sus abogados, dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática', escribe.

El magistrado ha logrado el deseo de todo criminalista: penetrar en la mente del acusado y comprobar el itinerario de su acción ilícita. Que el magistrado sabe que existían pruebas antes de esas grabaciones es evidente. Porque cita en dos ocasiones aquellas conversaciones de la cárcel sobre el famoso pen drive hallado durante el registro y la confesión del contable de la Gürtel.

El auto sólo apunta, en passant, el hecho de que uno de esos abogados estaba imputado. Omite que hubo otros dos abogados grabados que también estaban imputados.

Hay dos hechos sobre los que merece reflexionar. Si un marciano cae en Madrid y se mira el auto concluiría que el acusado es el único magistrado que ha ordenado en este país intervenciones telefónicas entre reos y abogados y entre reos y otras personas.

Cabe recordar que el TSJM declaró nulas las grabaciones después de un debate, en el cual una mayoría de dos decidió anular las grabaciones ordenadas por Garzón y defendidas por su sucesor Antonio Pedreira.

Ninguno de los magistrados consideró la posibilidad de ordenar una investigación por presunta prevaricación.

El segundo hecho se refiere a una perversión judicial. Los reos de la Gürtel han conseguido erigirse como acusadores en paralelo a la investigación, a través de la injerencia de un tribunal, el Supremo, sobre aquellos que instruyen el caso. Aunque la norma legal que impedía esta perversión ha sido anulada al liquidarse el antejuicio en la reforma legislativa de la ley del jurado, existe consenso en su aceptación como criterio.

A Federico Trillo, la cita del pen drive le hace soñar con el caso Naseiro. Aunque esta prueba haya sido anterior a las conversaciones grabadas ya se encargará en encajar a martillazos esa cita en la teoría del árbol envenenado.