Este artículo se publicó hace 13 años.
Cumplir la mayoría de edad en cinco días
El Defensor del Pueblo denuncia que el cálculo de edad de los extranjeros varía según las clínicas.
En sus 18 primeros días en España, Y. B. pasó por Almería, Valencia y San Sebastián. Como cualquier inmigrante que la Policía localiza sin papeles y sospecha que pueda ser mayor de edad, fue sometido a radiografías óseas. Al margen de su declaración, los médicos de cada ciudad le asignaron una edad: 16, 18 y 17 años, respectivamente.
El 19 de agosto de 2009, llegó la primera radiación en el Servicio de Urgencias del Hospital Cárdenas: "Aproximadamente 16 años", le diagnosticaron. Huyó del centro para menores en el que le ingresaron. En Valencia, cinco días después, la segunda clínica le convirtió en mayor de edad, tras radiografiar su muñeca y mano izquierdas.
Su caso forma parte del informe que presentó ayer el Defensor del Pueblo sobre las imprecisiones y ausencia de un criterio único en España a la hora de determinar la edad de los extranjeros que declaran ser menores de edad. Desde 2008, este organismo ha recibido casi 500 quejas al respecto. Los forenses recomiendan indicar la edad con un margen de error de dos años, pero, aún así, no existe una directriz oficial común.
Las consecuencias para los extranjeros son graves: si se determina que tiene más de 18 años, se le expulsa de España. Si se confirma que es menor, los servicios sociales autonómicos se hacen cargo de su educación y mantenimiento.
Varios países europeos han dejado de utilizar la prueba ósea como referencia para determinar la edad. Bélgica, por ejemplo, además de la entrevista personal y el examen óseo, realiza un análisis dental y una prueba psicológica. En cualquier caso, señala la responsable del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, si hay dudas, debe de primar el interés del menor.
Entre las 41 recomendaciones que presenta el estudio para la Administración, destacan otras dos: garantizar el respaldo jurídico para el menor durante todo el proceso y crear un registro único para evitar que, como en el caso de Y. B., se someta al menor a radiaciones cada vez que llega a una ciudad.
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