El PSOE fue el promotor de la ley en Catalunya, pero la moderó en Aragón, contribuyó a descafeinarla en Navarra y votó contra ella en el País Valencià. El PP votó a favor en todos los casos (a excepción de Catalunya, donde se abstuvo), aunque en las cortes valencianas, la pasada legislatura estuvo a punto de finalizar sin que se aprobara el último trámite de la ley. La causa, según denunció la oposición, fue la presión del sector cristiano del partido. IU también ha tenido un comportamiento desigual: apoyó el texto en Catalunya, votó en contra en el País Valencià y también se opuso en Navarra y Aragón.

La materia capaz de causar semejantes debates y diferencias dentro de los partidos es la custodia compartida. O, más exactamente, su imposición por ley cuando no hay acuerdo entre los progenitores sobre quién se queda con los niños tras un divorcio. El debate lleva años de recorrido, pero en la última semana ha repuntado por la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley que sobre el asunto aprobó el País Valencià. El Ejecutivo considera que esta comunidad autónoma no tiene competencias sobre derecho civil.

Aragón, Catalunya, País Valencià y Navarra la imponen como preferente

Durante la última legislatura, Aragón, Catalunya y País Valencià han promulgado leyes que obligan al juez a imponer esta modalidad de convivencia que consiste en que los hijos pasen un periodo con cada progenitor en caso de conflicto. Una cuarta autonomía, Navarra, ha aprobado una norma en la que deja manos libres al tribunal para establecer la custodia compartida o monoparental, pero le recomienda que asegure 'la igualdad de los padres en sus relaciones con los hijos'.

Estas leyes suponen un cambio radical respecto a la legislación vigente en el resto del Estado. Tanto el Código Civil como la reforma de la Ley de Divorcio aprobada por el Gobierno socialista en 2005 supeditan la custodia compartida a que haya un acuerdo previo entre los padres. Estas leyes reflejan el sentir de quienes se oponen al establecimiento por ley de esta modalidad, entre los que está gran parte del PSOE salvo el catalán y de IU. 'Cuando una pareja no llega a un acuerdo y tiene que ser el juez el que decida, es porque ya hay una situación de tensión y esto perjudicará a los niños', resume Dolores Huesca, diputada socialista en Valencia.

En contra están también la mayoría de asociaciones feministas. 'Los menores deben vivir en un ámbito estable. Una cosa es que tengan un régimen de visitas amplio y otra, que estén cambiando continuamente de hogar', afirma Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Añaden los detractores que las leyes no tienen en cuenta la realidad social, en la que la mujer es la que sigue asumiendo la mayor parte del cuidado de los hijos. 'En la manera en que los padres, de forma natural y progresiva, se corresponsabilicen de la educación de sus hijos, podrá ir cambiando la cuestión de la custodia', remacha Besteiro.

Al otro lado del debate, el PP afirma que imponer la custodia compartida es una manera de ayudar a la mujer a incorporarse al mundo del trabajo. 'Dándole siempre la guardia y custodia a ella (...) la estamos relegando a contratos parciales', explica la diputada Dolors Monserrat.

Los principales promotores de estas normas han sido las asociaciones de padres separados, que critican que la libertad de elección que la ley deja al juez provoca que la inmensa mayoría de las custodias recaigan en las madres. 'Los hijos no deben perder un referente porque los padres no se entiendan. Lo mejor para ellos es continuar conviviendo, aunque sea de forma alterna, con los dos', afirma Fernando Basanta, de la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones de Custodia Compartida.

Basanta critica que las leyes hasta ahora aprobadas recojan la existencia de indicios de violencia de género como causa para denegar la custodia compartida. Afirma que 'una sola denuncia' pueda dejar a un hombre 'sin criar y educar a sus hijos'.