La reforma que el PP introdujo en el Código Penal para tratar de frenar el llamado plan Ibarretxe al castigar con hasta cinco años de cárcel la convocatoria ilegal de referendos vulneró el procedimiento legislativo establecido por la Constitución.

Lo declara el Tribunal Constitucional en una sentencia que anula los acuerdos de la Mesa del Senado que, en 2003, rechazaron inadmitir las enmiendas cuestionadas, pese a que se planteaban en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial complementaria de la Ley de Arbitraje y, por tanto, sin ninguna relación con el asunto originalmente debatido.

Por eso, ampara a los 50 senadores del PSOE que recurrieron, al entender que se lesionó su derecho 'a ejercer sus funciones en el marco del procedimiento legislativo establecido en la Constitución', porque no pudieron debatir el nuevo texto. En cambio, rechaza el recurso presentado por otros grupos, al entender que no hicieron ninguna acción parlamentaria para evitar la lesión alegada.

Tras repasar su doctrina, el Alto Tribunal reprocha que se 'utilicen mecanismos de enmienda' para hacer frente a 'urgencias legislativas', porque hay otras vías, como el decreto ley o la tramitación legislativa por el procedimiento de urgencia.

'Desatender los límites constitucionales bajo el paraguas de la urgencia normativa no deja de ser una lesión constitucional por mucho que pueda parecer conveniente coyunturalmente. Una buena política legislativa puede evitarlo y cuando excepcionalmente no sea posible debe asumir el coste democrático que pueda tener, pero no forzar la Constitución', señala la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Pérez Tremps.

Aunque declara que el PP 'violentó la posición institucional del Senado', la sentencia no se pronuncia sobre la reforma del Código Penal introducida para evitar la consulta anunciada por el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, porque fue derogada cuando el PSOE llegó al poder en 2004.