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Los delitos fiscales y contra la Seguridad Social crecen un 40%

La Fiscalía ve en la crisis "el caldo de cultivo idóneo para la comisión de un nutrido número de delitos"

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El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, destacó ayer "la atención y la presión de la acción policial y de la Justicia en las zonas más oscuras de la crisis económica, que hoy zarandea la economía española y mundial". Ello ha supuesto, explicó, un aumento de los procedimientos por estafa, blanqueo de capitales y falsedad, pero sobre todo por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social que se han incrementado en un 40.87%.

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En el que ha sido su octavo y último acto de apertura de tribunales, Conde-Pumpido destacó el descenso "esperanzador" de procedimientos penales, cifrado en un 5,82%, que se registró en 2010. Al descenso experimentado respecto al terrorismo, al asistir "a la derrota legal, material y moral de quienes se creyeron absurdamente capaces de quebrar a sangre y fuego la voluntad democrática de los españoles", el fiscal general contrapuso el incremento registrado en las causas por delitos económicos, gracias a "una persecución cada vez más intensa del fraude fiscal".

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Destaca la labor de Anticorrupción frente a los que la ven como "contienda política"

Además insistió en su recurrente petición de un nuevo modelo procesal, en el que los fiscales asuman la instrucción, lo que, a su juicio, requiere "más de una legislatura" y "una gran mayoría política y social".

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Conde-Pumpido recordó la necesidad de crear el fiscal europeo que contempla el Tratado de Lisboa. En su opinión, mientras esa figura no esté en marcha, "la respuesta penal para la protección de nuestros intereses financieros no será plenamente eficaz".

La nueva realidad criminológica es lo que explica que el descenso de los delitos más comunes, como los asesinatos y homicidios (un 3,41%) y los robos con violencia (un 20,89%), no se haya traducido en un descenso de las acusaciones fiscales, que sólo sufrieron una rebaja del 1,08%. En esa "nueva realidad", el fiscal general situó los delitos contra la ordenación del territorio y los económicos y contra la Administración Pública.

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Aboga por crear un fiscal europeo que proteja

La Fiscalía encargada de luchar contra los "poderosos" delincuentes que los protagonizan es Anticorrupción, cuyo "ejemplar rigor" a la hora de perseguir a los que "gozan del privilegio del acceso a la opinión pública o que aprovechan su presencia en el mundo de la política para tratar de deslegitimar, en su propio provecho, la acción de la Justicia" fue destacado por Conde-Pumpido.

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Añadió sin mencionar a nadie en concreto, que "insisten en el error de contemplar la lucha contra la corrupción en términos de contienda política o electoral", en lugar de ayudar a la Fiscalía "a erradicar esa serie amenaza para la solvencia ética y la credibilidad de nuestro Estado de derecho".

Destaca la labor de Anticorrupción frent a los que la ven com "contienda política"

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La Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2010 también hace una especial referencia a los "demoledores efectos sobre la política del Estado y la vida de los ciudadanos" que ha tenido la crisis. Los fiscales encargados de delitos económicos destacan en su apartado que "el cierre de empresas y la pérdida de empleo constituyen el caldo de cultivo idóneo para la comisión de un nutrido número de delitos". Por eso pusieron su lupa sobre "toda conducta defraudatoria que además produjera directa o indirectamente la pérdida de puestos de trabajo".

Y entre las quejas de cada Fiscalía destaca la del delegado de Madrid que denuncia el retraso en la remisión de expedientes por parte de la Agencia Tributaria, que prácticamente espera hasta pocos días antes de completar el plazo de prescripción del supuesto delito fiscal para enviarlos, lo que impide "el estudio serio y razonado" de "la voluminosa documentación" que los acompaña.

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El Ministerio Público culpa a ese retraso del "bajo número de sentencias que se dictan en relación con las querellas presentadas" a partir de la documentación de la Agencia Tributaria.

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