“Absoluta parálisis y desconcierto generalizado”. Es la situación en la que se encuentra y que ha generado la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid, denunció ayer CCOO. De los 50.000 grandes dependientes (75 % de minusvalía y sin autonomía propia) que estima que viven en la región, sólo 10.000 han solicitado que se evalúe su nivel de dependencia, lo que supone el 20 %. Se han baremado 3.600.

El único paso dado por el Gobierno regional para la puesta en marcha de la norma, desde su aprobación en diciembre de 2006, es la creación de una Dirección General y un equipo de 60 profesionales para valorar el grado de dependencia (grande, severa o moderada). “Madrid está a la cola en la aplicación de la Ley”, alertó la secretaria de Política Social de CCOO, Ana González.En el primer año de la ley, se beneficiarán del sistema de atención los grandes dependientes. Al año siguiente, lo harán los de dependencia severa y al tercero, los de moderada.

La Consejería de Familia manifestó a Público que son 23.383 los grandes dependientes de la región, basándose en datos del Ministerio de Trabajo. En una nota de prensa de hace un mes, el gobierno regional cifró en 40.774 las personas que sufren una minusvalía del 75%. Asegura que han pedido la evaluación 12.000 personas y que 5.000 ya están baremadas.

El problema es la “desinformación”, dice el secretario general de CCOO, Javier López. Denuncia que la Comunidad “se llena la boca” con que ya se cubre a este colectivo con la red de servicios sociales pero advierte de que no es lo mismo porque si no se evalúa su grado de dependencia no se sabe a qué servicios se tiene derecho.

La Consejería, cuya titular es Gádor Ongil, insiste: “Se atiende con los recursos y programas de los servicios sociales”. Añade que se informa en el 012 y en los ayuntamientos.

CCOO exige un decreto con prestaciones y servicios, “imprescindible” para que el Gobierno central transfiera 23 millones a la región. La Consejería asegura que trabaja en los plazos de desarrollo de la ley pero que está a la espera de firmar el convenio de colaboración con Trabajo para obtener esa cantidad.

Aunque parece que no hace demasiada falta ese dinero ya que alardea de que se invertirán 730 millones en 2007 en dependencia, frente a los 220 que repartirá el Estado.

En primera persona:El hermano de una esquizofrénica pide ayuda para pagar la residencia

“Necesita atención todo el día'

Antonio, uno de sus hermanos. Tras 37 años con la enfermedad a cuestas, “no está mal” pero necesita atención personalizada “durante todo el día”. Incluso por la noche.

Hace diez días se cayó por las escaleras al levantarse de la cama para ir al baño. Se desorientó en la residencia de Moralzarzal, en la que vive y le cuidan por 2.100 euros al mes. Con sólo cuatro años de cotización tiene una pensión por incapacidad de 600 euros mensuales.

Los 1.500 euros restantes para pagar el centro privado corren a cargo de José Antonio, prejubilado de 64 años.Hasta 2005 tenía una ayuda de 900 euros de la Comunidad. Pero se la denegaron por tratarse de una residencia pequeña. Son 10 plazas en total pero la Administración alega que tiene sólo cinco para no concederle la subvención.

Ha presentado un recurso por la denegación de la ayuda. Mientras se resuelve tiene que sacarse las castañas del fuego como puede. A principios de septiembre presentó a la Administración la documentación (certificado de minusvalía, informe médico y pensión) sobre su hermana para solicitar la prestación de servicios contemplada en la Ley de Dependencia.

“Sólo necesito ayuda económica”, reclama porque no quiere meter a Mª Carmen en otra residencia ya que “se descontrola mucho si vive grandes cambios”. La Comunidad argumenta que primero se atenderá a los grandes dependientes pero todavía nadie ha visitado a su hermana para baremar en qué grado precisa de asistencia. “Necesita atención diaria y continua”, asegura José Antonio, que también tiene otro hermano con esquizofrenia (40 % de minusvalía).