Un derribo legal, pero "de poca humanidad"

Legal sí, pero inhumano. Los amigos y defensores de Abdul Abdelilah Ghaican calificaron ayer así el segundo derribo de su casa, una de las muchas infraviviendas de la Cañada Real de Madrid, una vía pecuaria protegida y no urbanizable donde residen unas 40.000 personas.

La demolición, ordenada por el Ayuntamiento de Madrid, se realizó en la madrugada del martes. A esas horas, las organizaciones que trabajan en la zona y los simpatizantes del 15-M no pudieron actuar para evitarlo. "A las 4:30 horas de la mañana, [los agentes] se presentaron con sus pistolas y registraron todas las habitaciones. Mis hijos estaban muy asustados", contó ayer Abdul, marroquí de 37 años, aún afectado al recordarlo. Dos horas después de aquello, ya sólo le quedaban algunos muebles y muchas ruinas.

Amnistía Internacional apoya su causa y la de otros vecinos

No es la primera vez que Abdul, su mujer, Fátima, y sus niños de 4 y 7 años ven su residencia hecha escombros. En 2007, la casita de una planta con dos habitaciones, salón, cocina y baño que Abdul construyó en una parcela por la que había pagado 20.000 euros fue derribada.

En aquella ocasión, sus vecinos comenzaron a reconstruirla el mismo día y, después de aquello, la familia consiguió vivir tranquila durante cuatro años, hasta que la amenaza del derribo volvió este verano. Para aquel entonces, al menos Abdul ya contaba con el apoyo de los voluntarios de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada y otras organizaciones sociales.

Incluso Amnistía Internacional se unió a la acampada que organizaron frente a su casa el pasado 24 de junio. Con el apoyo también de algunos simpatizantes del Movimiento 15-M, consiguieron su propósito y la vivienda de Abdul y Fátima, en cuya pared exterior lucía una pintada en contra de los desalojos, quedó en pie. Pero ayer no tuvieron tanta suerte.

El Ayuntamiento ya demolió la vivienda de este hombre en 2007

A falta de media semana de la vuelta al colegio de sus hijos, Abdul no sabe qué hacer para darles un techo. El consistorio les ofreció la posibilidad de residir 15 días en un albergue del Samur social, pero él rehusó el ofrecimiento. "Eso no nos soluciona nada", lamentó. Además, ahora ni siquiera conserva el trabajo que sí tenía en 2007: era autónomo de la construcción, pero con la crisis del ladrillo se vio obligado a sobrevivir vendiendo chatarra.

La Consejería de Urbanismo de Madrid, por su parte, explicó que la demolición fue totalmente legal. "El derribo de esta edificación ha contado con la preceptiva autorización judicial, en la que se respalda plenamente la legalidad de la actuación del Ayuntamiento", alegaron en una nota de prensa.

Además, especificaron que Ley de la Cañada Real, aprobada en marzo por la Comunidad de Madrid y que da un plazo de dos años a los ayuntamientos con competencias en el terreno para pactar con los vecinos una solución a su situación, no invalida la orden de ejecución de la demolición. Para el abogado Javier Rubio, que defiende a los residentes de la Cañada Real, sin embargo, la decisión será legal, "pero muy injusta y de muy poca humanidad". "¿Qué prisa hay en dejar a la gente en la calle justo en época de crisis cuando de forma tácita han consentido los asentamientos durante años?", se preguntó.