"Si algún día conseguimos obtener agua dulce de agua salada de forma competitiva y barata esto redundaría en el bienestar a largo plazo de la humanidad de tal modo que empequeñecería cualquier otro logro científico".

Esto soñaba John Fitzgerald Kennedy en 1964, como lo ha hecho el hombre sediento desde tiempo inmemorial. La tecnología para desalar agua ha ido reduciendo tanto sus costes -el metro cúbico costaba 2,70 euros en los años 70; en 2007 ya baja del medio euro- que se ha convertido en una alternativa para garantizar el suministro en las zonas más secas del país. Al menos así lo entendió la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, cuando enterró el trasvase del Ebro proyectado por el último gobierno Aznar.

El enfado fue monumental en las administraciones autonómicas que siguieron comandadas por el PP tras el vuelco electoral de 2004. Narbona, a la que no se le puede hurtar la valentía, ha soportado insultos en sus visitas a la Comunidad Valenciana y Murcia, y pese a ello, no ha ahorrado viajes allí para explicar su propuesta.

3.900 millones hasta 2008

La alternativa al Plan Hidrológico Nacional (PHN) ha resultado ser un cambio filosófico en el uso que los españoles damos al recurso más básico. Para ello Narbona está aplicando un programa mastodóntico de inversiones, el Agua (por Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua). El Programa prevé hasta 2008 un gasto de 3.900 millones para potenciar la desalinización y reutilización del agua, la optimización de los regadíos y abastecimientos, y un impulso a la calidad, tanto en depuración como en restauración de riberas.

Así, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ya anunció en su discurso de investidura "una nueva política del agua, una política que tomará en consideración tanto el valor económico como el valor social y el valor ambiental del agua, con el objetivo de garantizar su disponibilidad y su calidad, optimizando su uso y restaurando los ecosistemas asociados".

El tono del enfrentamiento a cuenta del agua y el trasvase nonato ha ido descendiendo a medida que llovían los millones en obras concretas en las dos comunidades beligerantes. Al fin y al cabo, Agua garantiza un aporte de 1.100 hectómetros cúbicos anuales del líquido (40 hectómetros abastecen a una ciudad de medio millón de habitantes).
Aún así, continúan las fricciones, al menos en público. Y la bronca más franca hasta el momento, ha sido la que se produjo en primavera entre Medio Ambiente y la Generalitat Valenciana a cuenta de la desaladora proyectada en Torrevieja (Alicante), que será la más grande de Europa cuando se culmine. El consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, asegura que el Programa Agua "no es más que un listado de obras que ya estaban en el BOE antes de que el Gobierno socialista derogara, por decreto y sin ningún tipo de participación social, el trasvase del Ebro".

El rechazo del PP frente a las desaladoras que se van alzando en las costas mediterráneas (esta técnica proporcionará el 50% de los nuevos recursos) se ha dirigido en tres frentes. En el momento de mayor encono, cuando el Congreso derogó el trasvase del Ebro en 2004, los dirigentes del PP auguraban las siete plagas a cuenta de la desalación.

Dicen que esta tecnología produce un agua cara, sobre todo en su utilización para el riego agrícola; que las plantas requieren tanta energía que lastrarán España para cumplir los deberes de Kyoto; que, en fin, "contaminan", porque la salmuera resultante del proceso es perjudicial para la vegetación submarina del Mediterráneo. Además, algún exaltado predijo al calor de las manifestaciones que sacaban a miles a la calle para gritar "¡Agua para todos!" que se secarían los cultivos si se regaban con agua desalada y que, incluso, esta novedad resultaba cancerígena.

‘Autarquía hídrica' frente al trasvase

José Ramón García Antón, conseller valenciano de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, asegura que el PP "siempre ha defendido la desalación como solución puntual y en combinación con políticas de reutilización y trasvase". Se reafirma en rechazar, sin embargo, "la política de desalación masiva que nos quiere imponer Medio Ambiente como sustituta de las transferencias de las cuencas deficitarias". García se lamenta de no haber recibido "ni un hectómetro de agua" en esta legislatura, y duda con ironía que "si alguna vez tenemos algo, desde luego no será más barata".

En Murcia, Cerdá resume de modo gráfico su rechazo a la desalación: "Contamina por tierra, mar y aire, consume mucha energía, y los precios no son competitivos para la agricultura. El agua que produce puede servir para el abastecimiento de agua, a precio de oro, pero no sirve para solucionar el déficit de agua que tiene la agricultura más moderna de España".

Tanto en la Comunitat como en Murcia, se dice que los socialistas han cambiado de opinión sobre los trasvases, que "ahora quieren la autarquía hídrica como concepto general", afirma García. Cerdá añade que "Narbona intenta imponer el pensamiento único en esta región mientras que en Cantabria y Cataluña siguen construyendo trasvases". Sea como sea, la aludida zanja: "El trasvase del Ebro del PHN no lo hará nadie, porque es un trasvase ya rechazado por la Comisión Europea que no obtuvo ni un sólo euro de los 1.200 millones de euros que ha otorgado a las actuaciones del programa Agua".