El desalojo, la madrugada del domingo, de los 418 activistas que habían ocupado la semana pasada el antiguo Palacio del Cine de Barcelona volvió a enfrentar ayer al colectivo okupa y a la Generalitat. El conseller de Interior, Felip Puig, advirtió a los activistas: 'Se ha acabado la impunidad'. El colectivo anunció el sábado pasado, tras una manifestación contra los recortes sociales, que el edificio había sido ocupado la semana pasada. Al filo de la medianoche, unos 300 Mossos d'Esquadra desalojaron el inmueble. Los okupas anunciaron nuevas acciones de protesta y denunciaron que el desalojo se produjo sin autorización judicial.

Por otra parte, la Ley de Vivienda que prepara el parlamento de Euskadi ha puesto en evidencia, una vez más, que la justicia tiene muchas lecturas. Los jueces interpretan de forma opuesta que una ley garantice el derecho a acudir a los tribunales para reclamar una vivienda.

Así, el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, valora 'muy positiva' la ley. '[El de la vivienda] es un derecho de tercera generación, que sin una ley no se puede reclamar en los tribunales, aunque esté en la Constitución', asegura. Ramírez también aplaude el canon que se impondrá a los propietarios de pisos vacíos. En cambio, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, considera que una autonomía no puede determinar un derecho fundamental, como es el de la vivienda. Sexmero considera que el canon hinchará las arcas públicas, pero duda de que sirva para sacar más inmuebles al mercado.

Por su parte, el presidente de la Plataforma Vivienda Digna, Rubén Sánchez, aplaude la norma, pero se pregunta cómo se garantizará que se cumplan las sentencias. 'Esperamos que no sea propaganda', insiste.