'Hay que presionarle. Este tiene que pagar sí o sí'. La Guardia Civil ha desarticulado en Valdemoro una presunta mafia policial, que extorsionaba a empresarios e industriales de esta ciudad, situada al sur de Madrid, para que contrataran los servicios de una gestoría y un constructor concretos a cambio de no ser denunciados por supuestas irregularidades administrativas de sus negocios.

La investigación se inició a finales de 2009, cuando una de las víctimas de la presunta trama denunció ante el cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro que un agente de la Policía Local le amenazaba con cerrarsu negocio en un polígono industrial si no contrataba los servicios de dos empresas del vecino municipio de Pinto.

Los policías sugerían contratar a dos empresarios para frenar las denuncias

Tras ser presionado en varias ocasiones, el industrial decidió seguir al policía. Así descubrió cómo se reunía con el mismo constructor que le había ofrecido reiteradamente sus servicios para subsanar las supuestas irregularidades detectadas en la inspección que había hecho el agente.

A partir de ese momento, agentes del Grupo de Policía Judicial del cuartel de Valdemoro iniciaron la bautizada como operación Dádiva, que desembocó el pasado lunes en la detención de los policías municipales Julio P. M. y Javier P. M., del dueño de una gestoría, Amancio O. T., y del constructor Luis M. B., estos dos últimos afincados en la cercana localidad de Pinto.

El jefe de la trama era un construtor, que señalaba a quién 'presionar'

Según fuentes conocedoras del caso, los pinchazos telefónicos a los que se sometió a los ahora detenidos permitieron determinar que el presunto jefe de la trama era el constructor. Él indicaba a los policías a qué empresarios tenían que 'presionar' para que contratasen sus servicios y los de la gestoría. En ese momento, los agentes uno en los polígonos industriales del municipio y otro en el casco urbano se encargaban de acudir a los negocios a realizar inspecciones sorpresa, en las que siempre afirmaban haber encontrado supuestas irregularidades o la falta de determinadas licencias municipales.

Era en ese momento, siempre según las fuentes consultadas, cuando los agentes 'sugerían' a los empresarios que acudiesen a la gestoría del también detenido, para agilizar los trámites, y al constructor, para realizar las obras. A cambio, les prometían paralizar las denuncias que ellos mismos habían redactado.

Con los beneficios que supuestamente obtenían el gestor y el constructor, estos presuntamente entregaban una cantidad a los agentes que, según la información recabada gracias a los pinchazos, nunca era inferior a los 500 euros. De hecho, el constructor hablaba en sus conversaciones de las 'carteras de clientes' de cada uno de los agentes.

La investigación ha descartado la implicación de otros funcionarios del ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PP. Portavoces del consistorio declinaron ayer comentar las detenciones, al asegurar que no tenían información oficial sobre la misma.