Diecisiete días sin sentencia

¿Por qué razón se ha retrasado la sentencia del caso de las intervenciones de las conversaciones en la cárcel de los acusados en el caso Gürtel? ¿Quién ha dicho que había una fecha determinada para dar a conocerla? Aunque nadie lo había anunciado, es lo cierto que existía la idea de una sentencia a resolver inmediatamente después de terminada la vista.

El juicio quedó visto para sentencia el jueves 19 de enero, es decir, han transcurridos hasta ayer diecisiete días, y los siete magistrados que forman la sala creían estar en condiciones, según fuentes jurídicas, de dictar sentencia el lunes 23 de enero, un día antes del comienzo del juicio de memoria histórica, convocado para el martes 24.

Como no fue posible, se habló en círculos judiciales de que, en realidad, el juicio de memoria histórica no empezaría de verdad hasta superadas las cuestiones previas. Había, pues, cierta expectativa en que la sentencia sobre la grabación de las conversaciones en la cárcel pudiese estar lista entre la vista del juicio de memoria histórica del martes 24 y la de la semana siguiente, martes 31 de enero. Tampoco fue así.

¿Acaso la demora se debe a que resulta difícil sacar adelante la sentencia condenatoria? O, por el contrario, este retraso, ¿obedece a las dificultades para dictar una absolución?

Es muy probable, según fuentes jurídicas, que el tribunal encarase el juicio de las interceptación de las conversaciones con un ánimo claro de dictar una condena y que una vez metido en faena brotase una mayor división entre los magistrados a la inicialmente esperada.

Hay quien lo atribuye a ciertos interrogantes planteados en la vista que habrían surgido de las conclusiones del fiscal Antolín Herrero y el repaso de hechos en Europa y España realizado por la fiscal Pilar Fernández Valcárcel. Pero es difícil, aunque no imposible, que los magistrados descubrieran enfoques o hechos totalmente desconocidos para ellos.

"Aquí nos encontramos con un problema de carácter sociopolítico", sostiene un ex magistrado del Tribunal Supremo. "Solo cuando has estado en estas situaciones puedes entenderlo. La firmeza inicial se pone a prueba ante un caso, el que afecta a Garzón, que ha generado una gran repercusión nacional e internacional", añade. Al tener dificultades para dictar sentencia el lunes 23, la sala se topó con el juicio de memoria histórica.

Y esa fractura, que frustró una sentencia inmediata en las intervenciones telefónicas se pudo advertir en el caso de la memoria histórica cuyo archivo se denegó por cuatro votos contra tres, que presentarán votos particulares. Para el instructor de esta causa, Luciano Varela, que a su vez es miembro de la sala que elabora la sentencia de las intervenciones telefónicas, ha sido un varapalo considerable. "Uno suele olvidar que además del acusado en un juicio también se está sometiendo a prueba al juez instructor de la causa", sostiene el ex magistrado consultado.

Si en la memoria histórica se pone a prueba a Varela, en el de las intervenciones telefónicas le toca a Alberto Jorge Barreiro. Según su auto de apertura de juicio oral los hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación y de otro delito de uso de artificios y escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. Ambos delitos, según el citado auto, concurren, es decir, son presuntamente ilícitos sucesivos, por lo cuál, el de mayor pena, prevaricación, absorbe al de menor pena. Por otra parte, una condena por cualquiera de los dos (caso muy difícil que se separasen) supondría la pena de inhabilitación.

Todo esto no prejuzga el resultado de las deliberaciones de la sala que resuelve en el caso de las intervenciones telefónicas. Ilustra sobre el difícil clima que coexiste en estos diecisiete días sin sentencia.