Desde que se tuvo constancia de que se estaba ante un nuevo proceso electoral, Fiscalía y Abogacía del Estado no han quitado ojo a los movimientos de la izquierda abertzale, que finalmente se concretaron en la creación de Amaiur. El objetivo era determinar si la coalición hace méritos para ser impugnada ante el Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Partidos, a través de su vinculación con formaciones ilegalizadas. Ayer, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció en un desayuno informativo que los Servicios Jurídicos del Estado actuarán si hay 'un mínimo legal y probatorio suficiente'.

El problema es encontrar ese 'mínimo legal y probatorio suficiente'. Las fuentes jurídicas y fiscales consultadas consideran muy difícil, a día de hoy, poder plantear demandas de ilegalización con los datos recabados hasta ahora, aunque Fiscalía y Abogacía del Estado están a la espera de conocer las conclusiones a las que lleguen Policía y Guardia Civil.

A día de hoy, no hay datos para sustentar una demanda para vetar a la formación

El mayor handicap lo encuentran en el precedente que ha supuesto en la jurisprudencia resultante de la aplicación de la Ley de Partidos la sentencia que el pasado mes de mayo dictó el Tribunal Constitucional en relación con Bildu, cuyos integrantes concurrenahora junto a Aralar bajo la denominación de Amaiur.

Esta sentencia, dictada con los votos de seis magistrados frente a cinco, es el criterio a seguir de cara al futuro respecto a la ilegalización de partidos, 'guste más o menos', señalan las mismas fuentes.

Al contrario de lo establecido también por una exigua mayoría por la Sala del 61 del Supremo, el Constitucional consideró que la anulación de Bildu se había hecho con carácter 'preventivo', porque se basaba en sospechas y no pueden 'constituirse en argumento jurídicamente aceptable para excluir a nadie del pleno ejercicio de su derecho fundamental de participación política'.

Aralar, que integra Amaiur, fue el ejemplo a seguir incluido en demandas anteriores

Además, las fuentes jurídicas consultadas destacan que a la hora de permitir a Bildu participar en las elecciones autónomicas y locales de mayo pesó mucho el hecho de que estuviera formado por partidos legales, como Eusko Alkartasuna(EA) y Alternatiba, que concurrieron con independientes de la izquierda abertzale. La semana pasada, la Junta Electoral Central vetó a Amaiur para concurrir como coalición de partidos porque entre sus integrantes incluía a una persona física al entender que ese tipo de alianza sólo puede estarcompuesta por formaciones en igualdad de condiciones. Eso no impide que la coalición incluya en sus listas a todos los independientes que considere oportunos. Pero esto fue subsanado días después por la coalición.

La suma de Aralar a Amaiur complica aún más la impugnación, puesto que su introducción 'robustece la apariencia de legalidad', según las mismas fuentes. Que forme parte de la coalición es muy significativo. Nadie cuestiona que se trata de un partido nacido de una escisión de Batasuna en 2000 precisamente por condenar la violencia. Es decir, que ya existía cuando tres años después entró en vigor la Ley de Partidos. Ni siquiera se planteó incluirlo el PP, que era el partido entonces en el poder, cuando se presentó la demanda que culminó con la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna en la sentencia de 27 de marzo de 2003.

La proclamación de candidaturas será clave para saber si habrá impugnación

De hecho, la formación de Patxi Zabaleta ha servido como ejemplo recurrente todaslas demandas presentadas desde entonces contra listas y partidos la nombran de quela Ley de Partidos no busca perseguir la ideología independentista, sino la dependencia de ETA. Por eso, la actua-ción contra la coalición de la que forma parte Aralar se hace muy cuesta arriba.

En cualquier caso, la reforma de enero de la Ley Electoral ha hecho que los tiempos con los que cuentan Fiscalía y Abogacía del Estado no sean tan apremiantes. Disponen de todo octubre y prácticamente hasta el 10 de noviembre para interponer impugnaciones.

Para conocer si se interponen o no las demandas, la próxima semana será crucial. Amaiur ha anunciado que será este domingo cuando proclame sus candidaturas. De su análisis, que será mucho más sencillo que el de Bildu por el número de candidatos a analizar, dependerán en gran medida las conclusiones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado transmitan a Fiscalía y Abogacía del Estado.

Sus informes deberán contar en el caso de que entiendan que hay que actuar contra Amaiur con indicios que acrediten la vinculación de la coalición con formaciones ilegalizadas, a través de los candidatos que presentarán a las elecciones o de las fuentes de financiación de las que disponga.

Mientras se hacen esas comprobaciones, la maquinaria administrativa sigue trabajando. Por lo pronto, se ha considerado no inscrita en el Registro de Partidos a Amaiur (A), la formación que prácticamente comparte nombre con la ahora cuestionada que pidió figurar en 2003 y que fue vetada.