Dívar instará a Zapatero a aprobar leyes para agilizar los tribunales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que el sistema no soportará mucho más tiempo el nivel de litigiosidad que vive el país. Por eso, abandonando su habitual patrón de actuación, ha apostado por erigirse en abanderado de la reforma legislativa aprobada por el Gobierno y que ahora comienza su andadura parlamentaria.

El presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, se reunirá la semana próxima con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para trasladarle el carácter urgente de las medidas previstas. También se reunirá con el líder de la oposición, Mariano Rajoy.

De momento, ayer convocó a los presidentes de la Audiencia Nacional y de los 17 Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) para tratar con ellos la necesidad de acometer reformas que agilicen la justicia.

Todos se mostraron de acuerdo, aunque, fuentes presentes en el encuentro señalaron que no estudiaron al detalle el proyecto de ley de agilización procesal, discutido por catedráticos y asociaciones judiciales salvo la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura por entender que favorece a los más ricos y recorta garantías. Los puntos más discutidos pasan por eliminar la apelación en los juicios verbales por cuantía inferior a 6.000 euros o elevar la casación en lo civil y lo contencios de 150.000 a 800.000.

Lo que sí apoyaron sin matices todos los reunidos fue el anteproyecto de tribunales de instancia sobre el que el pleno del CGPJ todavía no se ha pronunciado y el proyecto de uso de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

A pesar de que el proyecto de agilización procesal no incluye las propuestas realizadas por el CGPJ en su informe favorable al anteproyecto las penales se incluirán en una anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la rueda de prensa posterior al encuentro se defendió el texto con entusiamo.

La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, el vicepresidente, Fernando de Rosa, y el presidente de la Comisión de Estudios e Informes, José Manuel Gómez Benítez, elogiaron la reforma propuesta por el Gobierno.

De Rosa negó que eliminar la apelación pretenda disuadir a los ciudadanos de acceder a la Justicia. Gómez Benítez señaló que elevar la cuantía de la casación supondrá aumentar los asuntos estudiados por interés casacional. Y defendió la condena en costas en lo contencioso, porque "iguala al ciudadano con la Administración".

Bravo anunció que la reforma, que "lidera" el Consejo, será notada por el ciudadano de forma paulatina.