La noticia con la que ayer desveló Público cómo el actual presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, financió al PP de Madrid a través de la desconocida fundación Fundescam en 2003, el año del tamayazo, cayó ayer como un mazazo en las filas de la izquierda, que exigió una investigación inmediata y anunció acciones legales: 'Con esta información se abre el caso Aguirre de financiación ilegal del PP y posible trato de favor', resumió el líder socialista de Madrid, Tomás Gómez, quien observa indicios de 'cohecho' en el caso Fundescam y lanza un aviso:

'Si se demuestra que hay empresas amigas de Esperanza Aguirre que financian al PP para que luego la Comunidad de Madrid les adjudique obras y servicios, será motivo suficiente para que la presidenta se largue a su casa'. Desde el PP, fuentes muy próximas a su presidente aseguraron que Mariano Rajoy 'ni siquiera conocía la existencia de Fundescam', informa María Jesús Güemes.

Gómez aseguró que su partido actuará en los tribunales contra los conservadores por presunta financiación ilegal a través de Fundescam, que depende orgánicamente del PP madrileño. 'Hoy tengo más sospechas que nunca', dijo en referencia al ascenso de Esperanza Aguirre a la presidencia de Madrid tras el tamayazo, la traición protagonizada por los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que el 10 de junio de 2003 impidieron con su voto la proclamación de Rafael Simancas como presidente y forzaron así la convocatoria de unas segundas elecciones autonómicas que ganó el PP. Los socialistas madrileños precisarán
esta mañana qué tipo de acciones acometerán contra el PP.

Desde IU, la portavoz de la federación en Madrid, Tania Sánchez, exigió la dimisión de Aguirre y anticipó que su organización estudiará hoy si acude a la Fiscalía. El portavoz parlamentario de la formación, Gaspar Llamazares, se preguntó 'a qué espera la Fiscalía Anticorrupción' para actuar de oficio y acusó al PP de haber incurrido en 'flagrante ilegalidad'.

Llamazares no cree que los 790.000 euros recaudados por Fundescam entre una docena de empresas con Díaz Ferrán a la cabeza fueran fruto de donaciones 'gratis et amore' [por amor], sino que los donantes 'pagaban favores' y recibían luego 'trato de favor'. Varios de los empresarios que donaron dinero a Fundescam tenían adjudicados en 2003 y 2004 contratos públicos de la Comunidad de Madrid. La ley de financiación prohíbe a los partidos recibir 'directa o indirectamente' donaciones de personas físicas o jurídicas con adjudicaciones de cualquier Administración pública. Gerardo Díaz Ferrán tenía contratos públicos en 2003. Luego, obtuvo más de la Comunidad de Madrid.

Preguntada en un acto oficial, Esperanza Aguirre se negó a responder sobre Fundescam, fundación que ella misma preside y que depende orgánicamente del PP de Madrid. También la dirección estatal del partido calló oficialmente. Pero al subrayar que Rajoy ignoraba la propia existencia de Fundescam, la cúpula conservadora remarca su doble estrategia sobre la corrupción: mientras que en Valencia mantiene un apoyo cerrado al imputado Francisco Camps, en Madrid Rajoy parece haber abandonado a su suerte a su viaje enemiga Esperanza Aguirre.

El caso de Fundescam, que no presenta cuentas desde 2002, 'es la gota que ha colmado el vaso', apostilló Tomás Gómez. Lo hizo durante la clausura del congreso regional de UGT. Al cierre del cónclave sindical no acudió Arturo Fernández, que donó 57.000 euros a Fundescam en cuatro entregas.

Frente a la beligerancia del líder socialista madrileño, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se atrincheró en la cautela. De la Vega se limitó a expresar su confianza en que todos los partidos se sitúen 'en el marco de la ley', y declinó pronunciarse sobre la información difundida por Público.

No sólo PSOE e IU exigieron responsabilidades. El secretario regional de CCOO, Javier López, tildó de 'extremadamente grave' lo ocurrido, reclamó la unidad de los partidos para 'limpiar' Madrid de sospechas y expresó su preocupación por 'esa mezcolanza de la economía y la política, ese doy para que me des'.

Como informó Público el martes, Special Events, pieza clave en la trama del caso Gürtel, endosó en 2003 y 2004 a Fundescam facturas de las campañas del PP madrileño por valor de 300.000 euros.