Un edil del PP dio un pelotazo de 1,3 millones de euros

En un gesto inédito, el concejal de Urbanismo de La Línea (Cádiz), Carlos Ruiz Calama (PP), se ha reconocido implícitamente autor de un suculento pelotazo por el que se habría embolsado 1,3 millones de euros tras vender una finca catalogada como suelo rústico de especial protección y que el ayuntamiento trató luego de recalificar.

Y lo ha hecho en un intento por evadir la acusación de soborno por la que, en el denominado caso Roseworld, una juez de la localidad lo investiga a él mismo, al alcalde, Juan Carlos Juárez (PP), y al empresario que en 2005 logró la adjudicación de unas parcelas municipales tras un proceso supuestamente irregular.

Desde comienzos de octubre, Calama y Juárez están sin pasaporte por orden judicial. Y Calama tiene bloqueadas sus cuentas por importe de tres millones de euros, cantidad que, según la tesis de la Policía y de la propia magistrada, se corresponde con el supuesto soborno por la adjudicación de las citadas parcelas municipales al empresario de origen indio Anil Thakurdas.

En su esfuerzo por disipar la acusación de soborno, Calama contó a la juez que si recibió tres millones de Thakurdas entre 2005 y 2006 fue como pago por la venta de una finca de su propiedad.

Once días de diferencia

Pero incluso si la versión del concejal es cierta, se le avecinan nuevos problemas: porque significaría que Calama compró la finca por 360.000 euros y, once días después de escriturarla a nombre de su empresa privada Lineatrans, se la vendió a Laxmi, una de las sociedades de Thakurdas, el 13 de noviembre de 2004 por un precio seis veces superior (1.742.934 euros), aunque esa segunda operación no llegó a escriturarse.

La finca, de cuatro hectáreas, se sitúa en el Zabal, zona cuya recalificación vetó la Junta de Andalucía. Calama no ha atendido las llamadas de este periódico.

Los datos anteriores figuran en el recurso interpuesto por Calama contra la retirada de pasaporte y el bloqueo de cuentas. Su versión no resulta creíble para la fiscal anticorrupción de Cádiz, que ha encargado un peritaje de la finca.

En la fecha en que se produjo la transacción de la finca, Calama no era concejal pero sí gerente de Urbanismo, y así lo hizo constar su abogado en el recurso contra la decisión de la juez.

Pese a ser gerente de Urbanismo, el contrato privado que firmó con Thakurdas revela que el hoy concejal otorgó al empresario un apoderamiento para que pudiera "gestionar, tramitar y llevar a cabo cuantas gestiones urbanísticas" se requiriesen para "obtener las licencias y los permisos municipales" necesarios.

Supuestamente, Calama había comprado esa finca en mayo de 2002, pero lo único que avala esa afirmación es un contrato privado que no se elevó a escritura pública hasta dos años y medio más tarde.

Cuando Calama "vendió" a Thakurdas la finca, el concejal ni siquiera había satisfecho en su integridad los 360.000 euros que él mismo había pactado con el propietario original del terreno.

La acusación popular, ejercida por el ex policía local que denunció el caso, cree que la venta a Thakurdas pudo no existir y ser mero disfraz del presunto soborno.