Enésimo intento de desbloquear el Estatut

Si el Tribunal Constitucional (TC) dictara hoy la sentencia que se espera con más impaciencia, declararía inconstitucionales 15 artículos del Estatut de Catalunya. Además, interpretaría más de 20 de los 126 impugnados por el PP. Es una solución que comparten los cinco magistrados del alto tribunal considerados progresistas que, gracias al voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, podrían aprobar el texto con un apoyo muy limitado pero suficiente. Sin embargo, Casas se ha mostrado hasta ahora reacia a recurrir a esta posibilidad en pos de un mayor consenso en torno a una sentencia que definirá el nuevo Estado de las autonomías.

Pero de aquí al próximo Pleno, que todavía no ha sido convocado, el último texto presentado por Elisa Pérez Vera a sus compañeros podría contar también con el apoyo de otros dos magistrados, los conservadores Ramón Rodríguez Arribas y el vicepresidente, Guillermo Jiménez. Ambos forman parte de un tercer bloque surgido en el debate abierto por la constitucionalidad del Estatut que está liderado por el magistrado Manuel Aragón, considerado progresista. Los tres han coincidido en momentos puntuales de las deliberaciones con las tesis del sector progresista. Aunque el pasado noviembre, en la anterior votación prospectiva de un texto, se opusieron al borrador preparado por la ponente.

La resolución podría ser apoyada también por dos conservadores

Fuentes próximas al TC señalan que además de ese bloque persisten los dos clásicos: el conservador, conformado por Javier Delgado, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, y el más proclive al Estatut, en el que están Eugenio Gay, Pascual Sala, Elisa Pérez Vera y la propia presidenta.

Frente al optimismo sobre una pronta resolución sobre el Estatut al que apuntaban informaciones publicadas ayer en varios medios, las mismas fuentes recuerdan que, el pasado mes de enero, el TC también estuvo a punto de llegar a un acuerdo. Entonces, el sector progresista aceptó las propuestas realizadas por Rodríguez Arribas, que contaba con el respaldo de Jiménez y de Aragón. Sin embargo, no hubo sentencia. Y el vaticinio que Casas había hecho en la apertura del año judicial, el mes de septiembre anterior, se quedó en agua de borrajas.

La posición más polémica

Fuentes jurídicas achacan el papel de Aragón a que busca presidir el TC

Desde entonces, Aragón, que sorprendió a todos cuando se conoció que discrepaba de las tesis de su bloque natural y se acercaba más a las de Rodríguez Arribas y Jiménez, volvió a intentar aproximarse a los progresistas, siempre y cuando se aceptaran sus propuestas que, según las fuentes consultadas, presentaba como exigencias, lo que provocó malestar entre algunos de sus compañeros, como Gay y Sala.

Fuentes jurídicas apuntan a que la situación de Aragón, que aparentemente actúa como bisagra en busca de un mayor consenso, persigue el objetivo de ser el elegido para presidir en un futuro el alto tribunal. Habitualmente los presidentes se eligen entre los magistrados que están en sus tres últimos años de mandato, pero los problemas existentes para renovar a tiempo el TC, por la falta de acuerdo de los dos partidos mayoritarios, han llevado a que los que se encuentran en esta situación tengan que ser sustituidos en noviembre, lo que en la práctica los descarta para sustituir a Casas.

Aragón, nombrado por el Gobierno, quedaría así mejor situado que los otros tres magistrados que llegaron al TC en 2004: Pablo Pérez Tremps apartado del debate del Estatut, al recusarlo el PP, Pascual Sala y Ramón Rodríguez Arribas. Responda a las razones que sea, Aragón coincide hoy por hoy con las tesis de los progresistas, que llevaron a Sala y a Gay a oponerse a un texto que en la práctica supone un quinto borrador de resolución, después de que el cuarto se rechazara en noviembre.

A votar en el próximo Pleno

En el próximo Pleno, que se convocará después de Semana Santa, se sabrá si el texto se aprueba con cinco votos más el de calidad o con siete, porque parece difícil que el sector conservador se sume a un texto donde se salvan, por medio de interpretaciones, ciertos aspectos polémicos.

Entre ellos figura el término nación, que aparece en el preámbulo que el propio TC ha declarado que carece de valor normativo, pero al que luego remite un artículo del propio texto, o la obligación de conocer el catalán.

Si las deliberaciones no se tuercen otra vez, será después de Semana Santa cuando se conozca qué artículos concretos se interpretan conforme a la Constitución y cuáles se anulan, como podía ocurrir con el artículo 78, que regula la figura del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), que impugnó Enrique Múgica.