El escudo sobre el rey se debilita

Pensemos en el Reino Unido. "Fíjate qué se dice allí de Isabel II, de su hijo Carlos o de sus nietos, o en su día con la princesa Diana, las fotos que ha publicado la prensa británica en estos años. Hay un marcaje, un acoso insoportable, y nadie se querella. La Corona inglesa, con buen criterio, aprieta los dientes y se aguanta". ¿Y en España qué?

Aquí las cosas han cambiado desde el pasado martes, tras el "rapapolvo significativo" propinado a España por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Ambos entrecomillados pertenecen a Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Y no es el único: más juristas comparten la idea de que, desde ahora, en sintonía con lo indicado por Estrasburgo, los jueces y el legislador deberían rebajar la "excesiva" protección de la que el rey goza frente a los insultos.

Porque de eso trataba la resolución de la sección tercera del TEDH. Condenó a España a indemnizar con 23.000 euros a Arnaldo Otegi por haber vulnerado su libertad de expresión. El caso se remontaba a 2003, cuando el exportavoz de Batasuna llamó al monarca "jefe de los torturadores", hecho por el que el Tribunal Supremo (TS) le impuso un año de cárcel. El Constitucional revalidó la decisión.

IU, ICV y ERC piden cambiar el Código Penal; el PSOE no lo contempla

La Corte no sólo exculpa a Otegi y denuncia la condena "desproporcionada" del TS. Arma una feroz crítica al blindaje del que disfruta la Corona. Que el rey ocupe una "posición de árbitro y de símbolo de la unidad" no implica que no se le pueda censurar "en el ejercicio de sus funciones" y no pueda ser cuestionado por los que "legítimamente contestan las estructuras constitucionales del Estado, incluida la Monarquía", señala el fallo.

Prudencia del Gobierno

El ministro de Justicia ya subrayó el martes que el Ejecutivo cumpliría la sentencia "en sus términos", lo que excluiría la vía del recurso ante la Gran Sala del tribunal. "Examinaremos su doctrina porque nos parecía muy equilibrado lo que habían declarado el TS y el TC", añadió Francisco Caamaño. Ayer, en el ministerio rehusaron precisar qué consecuencias tendría ese "examen" a la legislación. Por ejemplo, la revisión del Código Penal.

Eso fue lo que volvieron a plantear este jueves ERC, IU e ICV en el Congreso: presentaron una proposición de ley orgánica para despenalizar las injurias a la Corona. "Resulta hasta violento desde el punto de vista intelectual defender la protección reforzada de Juan Carlos", asegura el republicano Joan Tardà.

Para Gaspar Llamazares, de IU, "este es un punto de inflexión importante: despeja el tabú de que la Casa Real es intocable. Es de esperar que este fallo cale en un cambio en el Código para limpiar esos restos del naufragio de la dictadura". Lo que está sobre la mesa, apuntala Núria Buenaventura (ICV), es "normalizar la situación del rey".

La Casa Real invoca su "costumbre" de no comentar sentencias y tampoco la rompe en esta ocasión

El PSOE, aunque considera que la del TEDH es "una buena sentencia", no cree "necesario" modificar el Código, reformado en junio de 2010: "No se puede cambiar esta ley básica al albur de un acontecimiento. Además, la figura del jefe del Estado debe ser adecuadamente resguardada. Todas las instituciones tienen un plus de protección. La libertad de expresión tiene límites, no implica que se abra la veda", opone Julio Villarrubia, portavoz socialista de Justicia. Este diario intentó recabar sin éxito la versión del PP.

Los "límites" a la libertad de expresión también son recordados por Manuel Núñez Encabo, catedrático de Ciencias Jurídicas de la Complutense de Madrid y presidente de la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Periodistas (FAPE). "Otegi no expresaba una opinión, sino atribuía un hecho delictivo, la tortura, a Juan Carlos. Creo que el tribunal no hace una interpretación correcta. Por eso no veo sobreprotección". Sí estima "discutible" la pena de un año de cárcel del TS. Enrique Álvarez Conde, constitucionalista de la Universidad Rey Juan Carlos, aunque discrepa asimismo del fallo "No está fundamentado, no creo que vaya a incidir en el futuro", sí entiende que el TS pudo "excederse". "El error fue condenar a Otegi", indica.

En la actual ley, un insulto grave hecho con publicidad se castiga con una multa de seis a 14 meses. Sin embargo, si las injurias o calumnias se dirigen contra la familia real "en el ejercicio de sus funciones", la pena puede ser de hasta dos años de cárcel, según impone el artículo 490.3 del Código.

Si el delito se comete contra las demás instituciones del Estado, las sanciones son menores y no hay prisión. Por ejemplo, los que injurien, calumnien o amenacen "gravemente" al Gobierno asumirían una multa de 12 a 18 meses. De ahí que el TEDH subrayara que la privación de libertad en estos casos "no es compatible" con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 de la Convención Europea.

El mandato de la Constitución

"Este fallo es una llamada de atención, porque alerta de que no somos todos iguales, porque confronta el modelo de Estado democrático", sostiene Laura Zúñiga, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Y agrega: "Una protección especial, aunque sea posible en un Estado de derecho, puede complicar conductas críticas que avala la Constitución". Una salida pasa por la "despenalización".

No está sola. Carlos Martínez Buján, catedrático penalista de la Universidade de A Coruña, y Fanny Castro-Rial, profesora de Derecho Internacional Público de la UNED, señalan otra vía, el artículo 10.2 de la Carta Magna: dado que, en cuestiones de libertades fundamentales, las normas deben interpretarse conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y jurisprudencia internacionales, los jueces pueden aplicar la pena de la injuria normal, más leve, para los insultos a la Corona. En la práctica, "se vaciarían de contenido" los preceptos 490.3 y 491 del Código. "El problema reside no en que exista el delito de injurias, sino que, si afecta a la Monarquía, la pena es desproporcionada. El rey, dice el TEDH, no merece un trato diferente", aduce Buján.

La Zarzuela "no exige"

Otra opción, propuesta por Benito Aláez, constitucionalista de la Universidad de Oviedo, es modificar el Código para rebajar el castigo: "Las instituciones han de disfrutar de una protección penal menor que la de cualquier ciudadano. En un Estado democrático la crítica entre particulares está menos justificada que la censura al Gobierno, a las Cortes o al rey". "El TEDH ya ha dicho que si una persona está más expuesta por su actividad pública, es susceptible a más críticas", razona Castro-Rial.

¿Y por qué esta protección mayor? "Por atávico pensamiento cortesano. George W. Bush sufría parodias terribles en el programa Saturday night live de la NBC, igual que sufre chanzas la familia real británica. Jamás han denunciado. Aquí hay más papistas que el Papa. Estoy seguro de que Juan Carlos no ha exigido blindaje", esgrime Joan Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona. Aláez piensa lo mismo: "No creo que a la Zarzuela le moleste una configuración u otra del Código Penal". La aludida, la Casa Real, prefiere no comentar el fallo. "No romperemos la costumbre", alega un portavoz.

Cancio cree que la condena del TS habría sido insólita hace una década. "Se ha producido una involución, pero está relacionado no con la Corona, sino con el terrorismo", con la mayor persecución policial y judicial a ETA y su entorno. No puede sacrificarse la libertad de expresión, subraya, porque "tiene un valor clave para el funcionamiento de una democracia avanzada".

El tablero está abierto. Falta ver qué ocurre. Comprobar si el velo sobre la Monarquía sigue resquebrajándose. O si aún le cabe un nuevo lifting.

-Los grupos de izquierda creen que se abrirá la veda al control de la Corona

UN ERROR QUE COSTARÁ 23.000 EUROS

Fue el 26 de enero de 2003 cuando Arnaldo Otegi cargó contra el rey. Juan Carlos visitaba ese día una central eléctrica en Vizcaya y Otegi, entonces todavía parlamentario de Sozialista Abertzaleak (Batasuna aún era legal), dijo que el monarca, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, era el “jefe de los torturadores”.

Lo afirmó en el curso de una rueda de prensa en la que analizaba la detención de los responsables del diario Egunkaria. Tras la sentencia del TS a un año de cárcel y la ratificación del TC, Estrasburgo exculpó esta martes 15 de marzo al exdirigente de Batasuna, le quitó esa pena “desproporcionada” e impuso a España el pago de 20.000 euros por daños morales y otros 3.000 por las costas.

El TEDH, en su resolución, remachó que las declaraciones de Otegi, aunque “provocadoras” y dotadas de una cierta “exageración”, no ponían “en cuestión la vida privada del rey, o su honor personal, y no constituían un ataque personal gratuito contra su persona”. Añadía que el hecho de que el rey sea, en virtud de la Constitución, “irresponsable” de sus actos, no le descarga de un “debate libre sobre su responsabilidad institucional, incluso simbólica, a la cabeza del Estado, con los límites respecto a su reputación”. La resolución recuerda que la libertad de expresión es un bien supremo, y sin “el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura no hay sociedad democrática”.