España suspende en la calificación de sus políticas antidiscriminación relacionadas con el control al acoso y los prejuicios que sufren los inmigrantes residentes en el país. De hecho, se encuentra en el número diez empezando por la cola, en un ránking de 31 países entre los que se incluyen los 27 de la Unión Europea (UE), Noruega, Suiza, Canadá y Estados Unidos.

Así lo pone de manifiesto el Índice de Políticas de Integración de Inmigrantes (MIPEX, en siglas inglesas), presentado ayer en Madrid y elaborado por el British Council, el Migration Policy Group (MGP) y cofinanciado por el Fondo Europeo para la Integración de Naciones de Terceros Países.

El acceso a la nacionalidad, a la educación y a la participación política son los otros indicadores que no presentan una situación favorable para España. En estos casos, se posiciona en los puestos 16, 13 y 12 de la tabla, respectivamente.

El informe recomienda al Gobierno español que reduzca el número de años necesarios para obtener la doble nacionalidad. 'Los diez años necesarios de residencia son una exigencia abusiva y no está mal que se nos dé un tirón de orejas al respecto', opinó Joaquín Arango, presidente del Foro para la Integración de los Inmigrantes.

Anna Terrón, secretaria de Estado de Inmigración, intentó defender la 'buena labor' del Gobierno y destacó la importancia del Plan de Ciudadanía e Integración, aunque reconoció que 'aún hay que mejorar algunas cuestiones'.

En cambio, según un informe, destaca en 'facilitar la reagrupación'

Una de ellas es la educación, según el estudio, 'no en el acceso formal de los inmigrantes a la misma, sino en cómo se aborda esta situación en los colegios', aclaró Jan Niessen, director del MGP.

Pero no todos los datos del estudio internacional son negativos. España se sitúa, a nivel general, en el puesto número ocho del ránking, por encima de la media europea (63 puntos frente a 52) y superando a grandes países receptores de inmigración como Francia, Alemania y el Reino Unido.

Además, destaca en la defensa de la igualdad en los derechos laborales y en la facilidad de reagrupación familiar, indicadores donde ocupa los primeros puestos de la clasificación.