“La presión de la Unión Europea y, en especial, de España está provocando violaciones de los derechos humanos en Mauritania”. El director de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltrán, se mostró así de contundente en la presentación del informe Mauritania: Nadie quiere tener nada que ver con nosotros, en el que la organización denuncia que miles de extranjeros son detenidos (como potenciales inmigrantes) sin pruebas, asistencia jurídica ni información y expulsados a las fronteras con Senegal y Malí.

Según el informe, Mauritania inició (tras firmar su primer acuerdo bilateral con España en 2003) una persecución de extranjeros “en las calles, los taxis e incluso casas particulares”. Con el acuerdo, el país africano aceptaba acoger a los inmigrantes que zarpaban desde sus costas hacia las españolas, pero “trajo consigo vulneraciones de derechos humanos”, criticó ayer el investigador de AI en África Occidental, Salvatore Saguès.

El hecho de llevar una camiseta del F.C. Barcelona o una prenda de ropa sobre otra (los inmigrantes se ponen varias como equipaje antes de emprender el viaje en cayuco) son motivos que llevan a la policía mauritana a decidir el internamiento del extranjero en un centro, asegura Saguès. Además, “son frecuentes los robos y extorsiones por parte de los agentes”, añade.

Al entrar en el centro de retención “no puedes salir. Tienes que orinar en un cubo aquí mismo. Para otras necesidades personales, tenemos que golpear en la puerta y rogar a los guardias que nos permitan ir al retrete. A veces nos hacen esperar 20 ó 30 minutos”, detalla un maliense de 27 años en el informe.

Otro de Costa de Marfil dijo a los investigadores: “Sé que me enviarán de vuelta a Senegal, pero voy a trabajar allí durante un tiempo para ganar dinero y después voy a volver a Nouadhibou [en el noroeste de Mauritania] para probar suerte otra vez. Sé que, sin mí, mi familia está acabada”.

AI asegura que algunas de las vulneraciones de derechos se producen por “la presión de España sobre Mauritania” por lo que exige al Ejecutivo español que frene las expulsiones colectivas que se están realizando “con su consentimiento”, que se asegure de que el centro de retención de Nouadhibou (uno de los que acumulan más denuncias) no se utilizará para vulnerar los derechos humanos y que en sus futuros acuerdos con Mauritania se incluyan cláusulas que obliguen al respeto de los derechos humanos.

La organización entregó el pasado 19 de junio el informe al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a los ministerios del Interior y Asuntos Exteriores, a los que considera “responsables” de las presuntas presiones.

Tras conocer las acusaciones, el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, aseguró que “el gobierno español no ha presionado al mauritano en ningún momento para que endurezca sus políticas (...) lo diga quién lo diga”, informa Isabel Coello. En el Ministerio de Asuntos Exteriores también se apresuraron a desmentirlo e hicieron hincapié en la línea de actuación “muy buena y estrecha que existe entre ambos países”.