España se resiste a aplicar la transparencia exigida en la futura ley de armas

Basta con revisar el informe de la exportación española de material bélico en 2006 presentado ayer en el Congreso para tener claro que la ley que regulará a partir de la semana que viene la información de la venta de armas en España es necesaria y urgente. La información anual de la exportación bélica está lejos de cumplir con la transparencia que exige la nueva ley que se aprobará en el próximo pleno del Congreso la próxima semana.

El informe está plagado de vaguedades. No incluye información de exportación de armas de caza, ni explica los países por donde pasa el material ni detalla en qué consiste exactamente cada arma vendida. Joan Herrera, diputado de IU-ICV, planteo ejemplos concretos: "Los 16 millones de euros vendidos a Marruecos, donde el respeto de los derechos humanos no es muy claro, están tipificados con la generalidad de categoría 4". El armamento de categoría 4 incluye desde misiles y torpedos hasta botes de humo. Nada queda claro.

845 millones de euros

"Es cierto que incumple lo que exigirá la nueva ley, pero eso es bueno. Significa que vamos hacia adelante", explicó el secretario de Estado de Comercio, Pedro Mejía. El responsable del Gobierno alabó las exportaciones españolas que llegaron a 845 millones de euros, el doble que el año anterior gracias a la venta de una fragata a Noruega por 270 millones de euros.

En otra sala del Congreso, Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores, reconocía que el Gobierno sigue sin acordar una prohibición de las bombas de racimo. El canciller se marcó el objetivo de lograr "una iniciativa conjunta de Exteriores y Defensa" que se presentaría en "un próximo futuro" para la "eliminación y moratoria de bombas de racimo".

La futura ley obliga al Gobierno a apoyar cualquier iniciativa que le obligue a eliminar estas armas de su arsenal y de su fábricas bélicas.