ETA ultima un documento de exigencias a Rajoy sobre sus presos

ETA envió en octubre una comunicación interna a sus presos anunciando la apertura de un proceso de debate que debe culminar en enero. A su término, la banda elaborará un documento, a modo de hoja de ruta, para abordar el futuro del colectivo y lo hará público coincidiendo con los primeros pasos de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España. Este mensaje a sus reclusos es el primero de una larga lista recogida en el último número de Ekia, la publicación orgánica de la banda a la que ha tenido acceso Público, con cuya difusión ETA pretende volver a imponer su autoridad en las cárceles.

El anuncio del final de la violencia realizado el 20 de octubre ha recompuesto el mapa de prioridades para la organización terrorista, como reconoce la banda en el texto. Los presos, marginados de la toma de decisiones y desconectados en la última etapa de la dirección por la presión policial, constituyen ahora el primer punto de su agenda, una vez que ETA ha dejado de pedir contrapartidas políticas por dejar de matar. Constituyen su colectivo más numeroso si, como calculan las Fuerzas de Seguridad, apenas 60 militantes se esfuerzan por esconderse en Francia y otro centenar asisten a los últimos acontecimientos desde sus refugios en Latinoamérica.

ETA intenta retomar el control de las cárceles tras el final de la violencia

Pero a ETA no le interesa únicamente el futuro de sus militantes encarcelados, sino también hacer de él un arma de negociación política. Con la difusión de Ekia, la banda anuncia la apertura de un debate en las cárceles y al tiempo lo condiciona imponiendo las directrices a seguir a lo largo de las más 60 páginas de su boletín. El objetivo para los presos es la amnistía, deja zanjado ETA, y en este sentido cualquier sometimiento a la legalidad de forma individual convertirá al preso en "alimentador de la estrategia del enemigo", en referencia a los que se han acogido a la vía Nanclares o "política de arrepentimiento", como la define la dirección de la banda para las cárceles.

La nueva dirección de la izquierda abertzale, constituida por Arnaldo Otegi y sus colaboradores, logró arrastrar en septiembre a los presos a la firma del Acuerdo de Gernika, la hoja de ruta para el proceso sin violencia. El autodenomnado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, en sus siglas en euskera) suscribió la declaración, pero sustituyó la referencia a que fueran concedidos todos los beneficios penitenciarios de la ley por la exigencia de una amnistía. Las diferencias se reproducen en el boletín de octubre. Aunque ETA cruza algunas de sus "líneas rojas" según su propia definición, el temor a las salidas individuales le hace poner límites a los beneficios: se pueden obtener, pero no "cediendo al chantaje que busca la ruptura del colectivo".

Intenta ahuyentar la reinserción limitando beneficios penitenciarios

La banda es consciente del hartazgo en una parte importante de sus presos y, en sintonía con lo recogido en el Acuerdo de Gernika, levanta algunas restricciones a sus militantes encarcelados. Ahora permite a los enfermos solicitar individualmente la excarcelación, aún a condición de que sean controlados telemáticamente. Igualmente, les autoriza a solicitar la libertad condicional y a presentar recursos contra la doctrina Parot. Pero, en otros supuestos, opta porque las solicitudes sean colectivas, ahuyentando de nuevo el fantasma de la reinserción y reivindicando el estatus de "presos políticos" para todo el grupo. Sin embargo, la Administración nunca las satisface. Sean peticiones para cambiar de grado o para que los presos se acerquen al País Vasco.

El traslado a Euskadi será la primera decisión a la que deba enfrentarse el Ejecutivo del PP en el proceso de consolidación del nuevo escenario sin violencia. Se trata de una medida que no depende de los tribunales y es reclamada por todo el arco nacionalista y el PSE. ETA quiere que sea la consecuencia de "una decisión política colectiva", aunque se ejecute de forma gradual. De otra manera, entiende que se repetiría la política de "premios y castigos" que puso en marcha el Gobierno tras el fracaso del último proceso de paz, con el acercamiento de aquellos que se mostraban contrarios a la violencia y el alejamiento de los que seguían respaldando su uso.

El acercamiento será lo primero que tenga que abordar el nuevo Gobierno

La debilidad operativa de ETA fue aprovechada por Batasuna para imponer sus tesis en el colectivo de presos, asumidas por la banda en el comunicado de "cese definitivo" de la violencia. Con la publicación del número 16 de Ekia, ETA intenta retomar el control que perdió definitivamente con la desarticulación del aparato H-Alboka, integrado por varios abogados, en abril de 2010. Una demostración de fuerza puede ser la campaña de movilizaciones en las cárceles que prepara para enero, confiados como están la mayoría de los presos en que el nuevo proceso les traerá una salida negociada.

En su boletín interno, los reos reclaman a la dirección de la izquierda abertzale que asegure su "voz" en las decisiones que les afecten, tanto en el ámbito interno como en el "frente de negociación" con el Gobierno que tomará posesión a finales de este mes. Espe-cialmente significativa es su referencia a Eleak, una de las organizaciones que Batasuna creó para borrar la influencia de ETA en la izquierda abertzale. La banda reconoce el trabajo que hace, pero recuerda que "no es la principal herramienta" en la defensa de los presos.

Mientras, la banda se muestra inflexible en la cuestión de las víctimas, a las que llama "sherpas de la represión". En su boletín, prohibe a los presos las peticiones de perdón, las indemnizaciones e insiste en crear una asociación de las víctimas que considera propias. "Tenemos que hacer nuestro el concepto de víctima", aseguran los delegados de ETA para las cárceles.