Un exalto cargo de Camps declara que se le ordenó falsear un informe sobre Nóos

El interrogatorio de tres ex altos cargos de la empresa pública valenciana Cacsa, con la que Instituto Nóos firmó en septiembre de 2004 un convenio que le reportó 3,1 millones de euros, ha arrojado un dato que afianza las sospechas de que la Generalitat sorteó la ley para favorecer a Iñaki Urdangarin y la ONG que presidía. Según fuentes del caso, uno de los antiguos directivos de Cacsa (Ciudad de las Artes y las Ciencias SA), la exdirectora de operaciones de la sociedad declaró que había recibido órdenes para elaborar a posteriori un informe con fecha falsa.

Basándose en esa declaración y en otros indicios, fuentes del caso aseguran que el objetivo de la falsificación era aparentar que el expediente administrativo del convenio se había cumplimentado antes del 8 de septiembre de 2004. Es decir, antes de la firma del suculento acuerdo con Instituto Nóos para el montaje de la Valencia Summit, la cumbre turístico-deportiva de la que se celebraron tres ediciones anuales consecutivas a razón de 1,044 millones para Nóos cada una salvo la última, por la que la entidad sin ánimo de lucro recibió 1,049 millones. En total, y así lo refleja el informe de Hacienda entregado al juez del caso, Instituto Nóos y la trama societaria controlada por el duque de Palma y su socio Diego Torres ingresaron 16 millones de euros en nueve años. Casi el 40% de ese dinero fue pagado por la Generalitat valenciana y el Govern balear. Un mes después del estallido del caso, localizar a Urdangarin sigue siendo imposible.

Una antigua directiva de la Ciudad de las Artes habría destapado el apaño

Al fingir la existencia de un informe previo, la Generalitat habría perseguido dar cobertura legal a lo que, como luego subrayó con dureza la Sindicatura de Cuentas valenciana, no fue sino un contrato millonario de contenido secreto, adjudicado a dedo y pagado a medias por el Ejecutivo autonómico y una fundación ligada al Ayuntamiento de Valencia. La Sindicatura censuró a la Generalitat su comportamiento con Nóos tanto en su informe de 2005 como en el de 2006. En ambas ocasiones, el órgano fiscalizador hizo una advertencia: “Se considera necesario que en el expediente quede acreditada la necesidad del gasto, la excepcionalidad en la aplicación de publicidad y concurrencia y la justificación del importe comprometido por la sociedad”. El temor a que la Sindicatura de Cuentas continuara hurgando aparece como la razón prioritaria por la que, presuntamente, se falsificó un documento oficial: el informe.

Las fuentes del caso consultadas por Público aseguran que la exdirectora de operaciones de Cacsa aseguró en su declaración ante la Policía y la Fiscalía Anticorrupción que la orden de preparar el informe provino del entonces director de la empresa pública.

Este diario no ha podido verificar si eso ocurrió supuestamente durante la recta final del mandato de José Manuel Aguilar al frente de Cacsa, que expiró en marzo de 2005, o ya en la etapa de su sucesor, Jorge Vela. A ambos se les considera, de momento, los imputados más relevantes de la serie valenciana, mientras que la exdirectora de operaciones de la sociedad acabó marchándose de Cacsa en enero de 2008 por “discrepancias” sobre la gestión interna.

La Generalitat buscaba dar respaldo legal al acuerdo con Nóos

A tenor del relato ofrecido por quienes siguen el caso de cerca, el informe ficticio incorporó expresiones que ya figuraban en el convenio con Instituto Nóos. Al copiar frases literales, la apariencia de autenticidad quedaba reforzada. La loa que el convenio traza sobre Instituto Nóos como foco para gran número de “expertos internacionales” fue una de las partes copiadas, según fuentes de la investigación.

La información recabada apunta a que la semana pasada no fue posible enfrentar a Aguilar y Vela con la declaración de la exdirectora de operaciones porque, para entonces, ya habían sido interrogados. Ese dato sugiere que habrá nuevas comparecencias de ambos o de quien hubiera ordenado supuestamente falsear el informe: bien ante la Policía y el fiscal Anticorrupción del caso, Pedro Horrach, como ocurrió la semana pasada; o bien ante el juez instructor, José Castro, que investiga los negocios de Instituto Nóos dentro del denominado caso Palma Arena.

La existencia de indicios de falsedad en el informe administrativo sobre el convenio con Instituto Nóos fue adelantada el jueves por el diario Levante, aunque el comprometedor contenido de la declaración prestada por la exdirectora de operaciones de Cacsa no había trascendido hasta ahora.

Ayer, y tras esa primera noticia del rotativo valenciano, la portavoz de la Generalitat, Lola Johnson, se aferró a la versión que viene repitiendo desde que estalló el caso. La contratación con Instituto Nóos, proclamó Johnson, “se ha hecho conforme a la más estricta legalidad”. La Sindicatura de Cuentas “así lo dijo”, agregó la portavoz a despecho de los informes oficiales del órgano fiscalizador.

La Sindicatura de Cuentas había alertado de las irregularidades

En la Valencia Summit, el dinero público invertido no se ciñó a los 3,1 millones pagados a Instituto Nóos. Catalogado como “confidencial”, aquel convenio no señalaba ninguna obligación económica concreta para la ONG y sí para la Generalitat y el Ayuntamiento. En la primera edición de la Valencia Summit, los gastos asumidos por las dos administraciones se cuantificaron en 300.000 euros. El desglose que hace el anexo del convenio los presenta como esenciales más que como residuales: “Alojamiento (conductores, azafatas, médicos, técnicos), viajes, alquiler salas, audiovisuales, mobiliario, catering reuniones, catering cena gala, cartelería, decoración floral, iluminación, decoración salas, acreditaciones, ambientación musical”.

Pero ese convenio, el más jugoso de todos los de índole pública que captó Instituto Nóos, no fue la única operación de Cacsa censurada por el órgano fiscalizador valenciano. La Sindicatura también reprochó a la Generalitat el pago efectuado a Santiago Calatrava por un proyecto fantasma, los rascacielos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En total, Calatrava se embolsó 15 millones. De nuevo, pagó Cacsa.