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Un examen de guante blanco

La Comisión de Nombramientos del Congreso da el visto bueno, en una sesión anodina, a los candidatos al Constitucional y a la Junta Electoral Central pactados por PP, PSOE y CiU. UPyD denuncia la "farsa" de un procedimiento que &qu

Había acuerdo PSOE-PP, así que todo apuntaba a que hoy, en la Comisión de Nombramientos del Congreso encargada de examinar a los cuatro candidatos al Tribunal Constitucional (TC) –y otros cinco para la Junta Electoral Central (JEC)–, iba a estar todo el pescado vendido. 

Y así fue. 

Ni los portavoces parlamentarios quisieron atornillar lo suficiente a los aspirantes ni estos se metieron en camisa de once varas. Los primeros sí tocaron algunas fibras sensibles, pero midiendo mucho el punch, y los segundos no eludieron los temas más espinosos, pero los bordearon sin entrar en más polémicas. Todos los examinados eran, para PSOE, PP y CiU, magníficos, idóneos, con un gran currículum, sin aristas. Simplemente perfectos. Sólo UPyD planteó pegas, no a los nuevos vocales, sino al procedimiento de elección en sí.

El charco quizá más cenagoso lo representaba Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho y exdiputado del PP elegido por los conservadores para el TC. Ollero se manifestó en sus días, y sin muchos rodeos, contra el matrimonio gay, cuestión que, siete años después, el Alto Tribunal aún no ha resuelto y que le puede caer en su tejado si no hay resolución antes de que el relevo sea efectivo. 

Ollero, contrario al matrimonio gay, dice que el TC no está para dilucidar "debates morales"

El socialista Ramón Jáuregui suscitó la cuestión casi en forma de juego: si en un papel le propusiera reformar el artículo 32 de la Constitución para incluir el matrimonio homosexual y el artículo 14 para impedir la discriminación por orientación sexual, "¿lo firmaría o no?". Ollero se escabulló con inteligencia. Afirmó que el TC no está para "dirimir debates morales", ya que "cada uno tiene su código moral y tiene derecho a expresarlo sin que le insulten". El TC, añadió, tampoco puede convertirse en la "prórroga" del debate político. Por tanto, lo que dictaminará el Alto Tribunal es "si para que haya una Ley de Matrimonio Homosexual hay que cambiar o no la Constitución española". El exdiputado del PP incluso dio muestras de aperturismo al asegurar que no veía "problema" alguno en que se recogiera en la Carta Magna la no discriminación por orientación sexual. "Que ha habido discriminación no lo niega nadie". Ollero censuró que la Constitución se haya modificado "demasiado poco" desde su aprobación, en 1978. "Me parece una falta de respeto a la Constitución el temor a modificarla, o quizás una falta de riesgo político. Cuando se acaba con la Constitución es cuando no se la modifica, cuando se hacen leyes coyunturales y se espera que el TC las avale". Sobre el Estatut, por el que le preguntó Jordi Jané, de CiU, el exparlamentario confesó no ser "insensible" o "refractario" a todo aquello que proceda de Catalunya. 

Ollero reparó en una estación en la que también recalaron los otros candidatos al TC: el uso del Alto Tribunal por parte de los grandes partidos para ventilar sus diferencias y ganar su última guerra. "Se apura demasiado en la dialéctica política y se sobrecarga demasiado al TC. Ese sistema acaba con él. Quizá una parte de la lealtad constitucional de los poderes del Estado es pensárselo un poco antes de provocar situaciones conflictivas con la esperanza de que el TC resuelva. No es de extrañar que esté apaleado".

Los candidatos censuran el uso del TC para resolver guerras de partidos

"Se cae en la acusación al TC de ser una tercera Cámara", coincidió Encarna Roca, actual magistrada del Tribunal Supremo promovida por el PSOE con el consenso de CiU. Misma opinión de Fernando Valdés Dal-Ré, catedrático de Derecho del Trabajo de la Complutense postulado por los socialistas: "Al TC se le ha puesto en ocasiones en la tesitura de tener que resolver debates partidistas. El TC es un órgano político, pero que utiliza argumentos estrictamente constitucionales, jurídicos. Colocar al TC en debates políticos no es una buena práctica política". 

Roca, sobre Sortu: "Los tribunales decidimos por indicios, no por sospechas" 

Si el perfil de Ollero suscitaba resquemor en la izquierda por su oposición pública a los matrimonios gays, el de Valdés Dal-Ré también creaba malestar, pero en la derecha, por su rechazo a la reforma laboral del PP. Al profesor ni le preguntaron en concreto por ella –no lo hizo ni el portavoz del PP, Pedro Gómez de la Serna– ni él se metió en berenjenales. Inquirido por Jáuregui, Valdés Dal-Ré simplemente indicó que le parecía "importantísimo para el mantenimiento del Estado social y de derecho" que se preserve la "garantía de que en nuestro sistema jurídico el centro de la actividad social es el trabajo y el trabajador" y que por tanto la Constitución marca unas "líneas rojas" en las relaciones entre empresario y empleado que el legislador no puede sobrepasar. 

A Roca le tocó responder, a requerimiento de Rosa Díez (UPyD), de la reciente sentencia del Constitucional que legalizó Sortu, en sentido contrario a lo que había dictado el Tribunal Supremo hace un año. La propia Sala había "servido en bandeja" los argumentos para el TC. "Un tribunal no puede decir que hay sospechas de algo. Los tribunales decidimos por indicios, no por sospechas", aseguró la magistrada. Juan José González Rivas, juez como Roca del TS, no tuvo que responder por sus reservas hacia la asignatura de Educación para la Ciudadanía, sino sobre el exceso de recursos de amparo que saturan la actividad del Alto Tribunal y por los conflictos sucesivos entre el TS y el TC. El último, por Sortu, precisamente. González Rivas recomendó "autorrestricción" a los dos tribunales y que se clarifiquen más las cuestiones estrictamente relacionadas con la legalidad –sobre las que debe pronunciarse el TS– y las ligadas a la protección derechos –en las que manda el TC–, si bien en ocasiones no es fácil separar ambos campos. 

Al examen no acuden miembros de PNV, ni de Izquierda Plural ni del Mixto

Tras los aspirantes al Constitucional, los cinco pretendientes a la Junta Electoral Central: Alfonso de Esteban, Pedro González-Trevijano (ambos propuestos por el PP), Paloma Biglino, Pablo Santolaya (aupados por el PSOE), Joan Manuel Trayter (CiU). Biglino, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el anterior Gobierno socialista, es la sustituta de la candidata inicial de los socialistas, Carmen Chinchilla, que renunció "por razones personales" al puesto. El esquema se repitió, aunque en este caso sin la expectación que siempre rodea a los próximos nuevos miembros del TC.

A las 22.22 horas, tras más de cinco horas de comparecencias, llegó el dictamen de la comisión. Votos a favor de PSOE, PP y CiU –no acudió ningún representante del PNV, de Izquierda Plural o del Mixto– y en contra de UPyD para los aspirantes al TC. Listos ya para que el pleno de la Cámara baja los elija definitivamente la semana próxima. Simétrica votación para los designados a la JEC. Lo dicho, el pescado estaba más que vendido. Vendidísimo. 


La polémica no estuvo colonizada por los candidatos y sus curricula, sino por la posición crítica de la portavoz de UPyD. Desde su primera intervención, denunció la "farsa" de la sesión de hoy, por cuanto se estaba dando apariencia de "control democrático a lo que no es más que un acto en el que se sanciona un reparto de poder partidario". "Aquí hacemos el paripé de que les examinamos, cuando ya está decidido. Esta forma de disimular que hacemos lo que no hacemos pervierte el sistema y la democracia" y alimenta el "desafecto hacia la política" en la ciudadanía, señaló. Se dirigía así enfáticamente contra el pacto ahormado por PSOE, PP y CiU y que tuvo a IU como invitada de última hora. Díez subrayó que no se quejaba de que no le hubieran asignado parte del pastel: "No queremos un trozo de la tarta. Estas personas saben a quién le deben el puesto". 

A su vera tenía a los portavoces de PSOE (Jáuregui), PP (Gómez de la Serna y después, Juan Carlos Vera) y CiU (Jané, luego reemplazado por Jordi Xuclà). Ninguno más (ni IU, ni PNV, ni Mixto) porque no fueron. El convergente ni contestó las alusiones y se centró más en preguntar a los aspirantes por su sensibilidad hacia el Estado autonómico. El diputado socialista le rebatió sosteniendo que para él y para su grupo la comparecencia de todos los candidatos al TC y a la JEC sí gozaba de "especial trascendencia", ya que si las respuestas no eran satisfactorias su partido podía todavía votar en contra. Jáuregui además alabó el "consenso" de las dos grandes fuerzas políticas, porque así se cumplía con un "deber" constitucional. Pero Gómez de la Serna si irradió más rabia contra Díez. La acusó de hacerle un "flaco favor" a la democracia "cuestionando la legitimidad" de las instituciones, y de hacer también "un flaco favor al país situándose extramuros del sistema constitucional" defendiendo "posturas radicales". España, incidió, "necesita otra manera de hacer política, es el momento de desterrar el populismo". En resumen, quien protagonizaba la "farsa" era la portavoz de UPyD.

Díez se dolió de la enganchada del PP. Y tiró del diccionario. Se podía aplicar en este caso, dijo, la cuarta acepción del término "farsa" de la Real Academia Española: "Enredo, trama o tramoya para aparentar o engañar". "No hay una evaluación [de los candidatos], sino un reparto del poder", insistió, mientras pedía a Gómez de la Serna que retirase aquello de que UPyD está "extramuros" de la Constitución, porque era una ofensa a sus votantes. Incluso sacó a relucir su obsesión por la izquierda abertzale: era poco "respetuoso" condenar a su formación cuando al PP le parece "muy bien que Amaiur se siente en el Congreso. Gómez de la Serna le atizó de vuelta con el diccionario. "Farsa", reprendió, es también la primera acepción de la RAE: "Pieza cómica, breve por lo común, y sin más objeto que hacer reír". 

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