Expertas feministas solicitan que se le revoque la retribución

"Hay que revisar este caso; no podemos estar pagando con nuestros impuestos a un asesino por haber asesinado". Así de rotunda se mostró ayer Nina Infante, presidenta del Fórum de Política Feminista, al conocer la noticia del maltratador que cobra la pensión de viudedad tras haber sido condenado por matar a su mujer y su hijo en Laguna de Duero (Valladolid) en agosto de 1998.

Como ella, otras feministas mostraron su rechazo a este hecho, a pesar de que la condena de Nemesio Antonio P. D. es anterior a la entrada en vigor de la Ley contra la Violencia de Género que sí prohibe a los agresores cobrar la pensión o recibir herencia de sus víctimas.

"Aunque la ley no tenga carácter retroactivo, al ser la pensión una prestación periódica, podría interceptarse desde la entrada en vigor de la norma", opinó la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos.

Su homóloga en la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, fue más allá. "Hace daño a los oídos escuchar que alguien que asesina reciba pensión de su víctima", declaró. "Hay que tomar medidas para evitar que se repita: si hay que hacer la norma retroactiva, habrá que revisarla y también habrá que mejorar la coordinación entre administraciones", sentenció.

La secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara, también pidió ayer que se investiguen estos casos. "No vamos a consentir que ningún hombre que haya matado a su mujer cobre una pensión que la legislación en vigor prohíbe" , concluyó.