Los expertos reclaman fondos específicos para la sanidad

La crisis ha puesto en riesgo como nunca antes la sostenibilidad del sistema sanitario público en España. Sin embargo, los gobiernos autonómicos que hasta el momento han tomado medidas para abordar el problema, como los de CiU en Catalunya y los del PP en autonomías como Castilla-La Mancha o Galicia, han optado por reducir costes a través de recortes en servicios y personal y de impagos a los proveedores, en lugar de buscar nuevas vías de ingresos.

Pero frente a esta lógica del tijeretazo, que empeora la calidad del servicio público y acaba beneficiando a la sanidad privada, expertos en cuentas públicas consultados por este diario, y el propio Ministerio de Sanidad, defienden la necesidad de buscar fondos adicionales que vayan dirigidos directamente a la sanidad, que en España sufre una infrafinanciación histórica. De hecho España dedica a sanidad pública un 6,7% del PIB, según datos de la OCDE referidos a 2009, una cifra que contrasta con el 8,9% de Francia o el 8,7% de Alemania (la media de la UE de los 15 era de 7,5% del PIB en 2008).

Un economista aboga por un "fondo de emergencia" temporal

En este contexto, una de las posibles vías para aportar más fondos a la sanidad es la fiscalidad. Es precisamente esta la apuesta realizada por el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, con su propuesta de elevar un 10% los impuestos de alcohol y tabaco para recaudar mil millones, a los que habría que sumar otros 300 procedentes de la eliminación de las exenciones fiscales a las empresas que contraten seguros médicos privados y otros 700 por cobrar "lo que no se cobra del todo", es decir, la asistencia sanitaria por accidentes de tráfico, laborales y deportivos que siguen sin facturarse a las mutuas. Según Rubalcaba, con estos 2.000 millones, más otros 3.000 procedentes de los 7.900 millones adicionales con los que contarán las autonomías en 2012 por la liquidación positiva del anterior sistema de financiación, el problema estaría "resuelto".

Sin embargo, la solución no parece tan sencilla, atendiendo a la opinión de los expertos, que si bien ven en general positivas las propuestas de Rubalcaba, creen que adolecen de falta de concreción. Además, a su juicio, la principal pega para dotar a la sanidad pública de fondos finalistas reside en el propio sistema de financiación autonómica, reformado en 2009.

Una de las posibles vías para aportar más fondos es la fiscalidad

Tal como señala el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, aunque el sistema incluye un Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales para asegurar el Estado del bienestar, y que engloba el 80% de los fondos, "en realidad no garantiza nada", ya que se calcula en función de la recaudación prevista y no de las necesidades de esos servicios básicos. "Si cae la recaudación por IVA e IRPF [lo que está ocurriendo por la crisis], ya sabemos lo que pasa con ese fondo", explica.

Además, tampoco hay en el sistema ningún elemento que obligue a destinar una cantidad a sanidad a las comunidades, si bien la inmensa mayoría de sus presupuestos suelen ir dirigidos a gasto social.

Por otro lado, Zubiri critica las políticas de bajadas de impuestos emprendidas cuando la economía crecía. "Las rebajas fiscales de 2007 y 2008 son lo que nos ha llevado a esta situación", señala Zubiri. Por eso ahora "no se pueden prometer milagros" como decir que con menos ingresos (por la bajada de impuestos) se va a dar más" a los ciudadanos.

En cuanto a la propuesta de Rubalcaba, considera que es "de dudosa efectividad", ya que "no está clara" la cantidad de recursos adicionales que en la práctica se conseguirían a través de impuestos especiales y eliminación de exenciones. Además, los 3.000 millones de financiación adicional tendrían que restarse de otras políticas.

Ante este panorama, Zubiri cree que lo mejor sería "un fondo temporal de emergencia de cuantía bien definida que se distribuyera entre las comunidades con criterios claros y que, por un lado, obligara a eliminar deudas y, por otro, permitiera obtener más recursos en estos momentos de crisis".

Para José Ramón Repullo, jefe de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, el problema es que las comunidades "han usado su autonomía de gasto para hacer una gestión poco disciplinada, con la sensación de que el Séptimo de Caballería les vendría a salvar". "Es más señala hacer deuda en sanidad es más presentable que hacerla en grandes obras o en pago en asesores". Por ello, considera que el "rescate" de la sanidad debería implicar a todos, "obligando a que las comunidades suban un tramo de sus impuestos para aportar financiación, y pensando seriamente que la financiación sanitaria sea finalista". Repullo no ve mal subir los impuestos especiales, y ve "justo y congruente" eliminar las exenciones por los seguros privados. Aún así, cree que las cuentas son un poco justas debido a factores como el gasto creciente en nuevos fármacos y pruebas o las dudas sobre cuándo acabará esta crisis.

También ve efectos positivos en la subida de los impuestos especiales Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, ya que supondría un aumento de la recaudación que se podría destinar a la sanidad, y también un ahorro del gasto sanitario debido a la mejora de la salud de los ciudadanos. En cuanto al sistema de financiación, recuerda que tal como está planteado los fondos que reciben las comunidades son "incondicionados" y el Estado no puede imponer "mínimos". No obstante, este experto cree que las atribuciones que la Constitución concede al Estado sí le habilitarían, mediante los cambios legales oportunos, para "imponer la prestación de un nivel mínimo común de ese servicio para toda España, así como para otorgar a determinadas transferencias carácter finalista".

Por último, desde el Ministerio de Sanidad, su secretario general, José Martínez Olmos, tiene claro que los recursos adicionales del sistema de financiación, así como los 2.500 millones de ahorro conseguidos con la rebaja del gasto farmacéutico, deberían quedarse en la sanidad. "Sería conveniente que esos recursos quedasen en los presupuestos sanitarios, porque sino el PP puede justificar que esto es insostenible". En este contexto, Martínez Olmos tiene claro también que "la aportación finalista de fondos al sistema es fundamental".