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Extremadura afirma que cumplirá "escrupulosamente con la ley" en el abono de la paga extra

El Gobierno de Monago explica que la medida supone una "secuencia adelantada de pagos, que regulariza el completo abono" de las pagas

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El Gobierno de Extremadura ha afirmado que, 'como no podía ser de ninguna otra forma', cumplirá 'fielmente y escrupulosamente con la legislación vigente' en su decisión de abonar a sus funcionarios la paga extra en enero, algo que ya anunció y explicó 'con claridad' el presidente José Antonio Monago este jueves.

El Ejecutivo regional subraya asimismo, a través de una nota de prensa, que, si bien la función de la Administración nacional es 'velar por el cumplimiento de la normativa básica del Estado', en el caso de Extremadura 'no debe ser motivo de preocupación', porque el Gobierno autonómico 'ha estudiado de manera precisa la legislación, por lo que no hará falta interponer ningún recurso ante el Tribunal Constitucional'. Destaca al respecto que 'siempre, de manera sistemática, procede de manera escrupulosa con la legalidad' y, por supuesto, mantiene 'en todo momento una actitud de lealtad hacia las decisiones del Gobierno de España'.

El gobierno de Monago precisa que la paga extra de diciembre 'no se restituye'. En este sentido, se cumple 'con puridad' con el RD-Ley 20/2012 y la normativa autonómica que lo implementa (DL 2/2012), que además de recoger la medida estatal de suspensión contempla la supresión de la paga extra a altos cargos.

Explica así que la medida normativa que 'se prevé aprobar' supone que las dos pagas presupuestadas se abonen antes de su devengo, anticipándose el pago de la extra de junio a enero y la de diciembre al mes de julio, 'contemplándose un horizonte temporal de tres ejercicios presupuestarios, para que en el momento en que el Estado acuerde la restitución, de la forma en que sea, a través de sus leyes de presupuestos, vuelva a coincidir el devengo con el pago'.

En definitiva, explica el Gobierno de Extremadura, supone una 'secuencia adelantada de pagos que en la práctica regulariza el completo abono de los derechos económicos de los empleados públicos'.

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