Se sabía lo que iban a declarar, pero la distancia y los problemas técnicos hicieron casi imposible que pudieran comparecer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado el caso Yak-42. La importancia del testimonio de los forenses turcos que participaron en los trabajos de identificación de los 62 militares fallecidos en el accidente llevó a suspender el juicio hasta después de Semana Santa. Cuando la vista se reanudó declararon los que habían viajado sin estar citados por el tribunal.

Los familiares de las víctimas del Yak-42 recibieron con un aplauso la decisión del juez Javier Gómez Bermúdez de aceptar su testimonio a cambio de los que sí estaban citados por vídeoconferencia, un sistema que las autoridades turcas no dan validez judicial.

Tanto Bülent Sam como Ómer Müslümanoglu no defraudaron las expectativas de los familiares que les pagaron el viaje a Madrid desde Turquía. Afirmaron que la delegación española que se desplazó a Trabzon les 'prometió' que concluirían en España los trabajos de identificación de los 30 cadáveres a los que era imposible reconocer sin hacerles pruebas de ADN. Hablaban en inglés hasta de fútbol con los españoles. Y el principal acusado, el general Vicente Carlos Navarro, era plenamente consciente de que el acta en turco que firmaba dejaba constancia de que no todos los cuerpos estaban identificados.

Desmontaban así la estrategia de la defensa de culpar a los turcos utilizada por Navarro, para el que el fiscal pide una condena de cinco años de cárcel, mientras que sus dos subordinados acusados, los oficiales médicos Ramírez y Sáez, se enfrentan a cuatro años y medio. La Asociación de Afectados por la Catástrofe del Yak-42 eleva su petición para cada acusado a seis años.

Pese al aplauso y salvo algún incidente aislado, los familiares han dado, todas las sesiones, un ejemplo de dignidad y hasta de mesura. Las cuatro acusaciones que los representan solicitaron que la investigación de lo ocurrido no concluya con la sentencia que el tribunal dictará, lo que no se prevé que ocurra antes de 15 días.

Los abogados se quejaron de las pruebas que habían solicitado y que denegó el tribunal. Querían que declararan como testigos José María Aznar, Federico Trillo y su número tres en Defensa, Javier Jiménez Ugarte.

Pero sólo uno de los abogados, Diego Sarabia, se atrevió a decir que el único beneficio que se obtenía con la conducta de los acusados era 'político', por lo que debía haber 'un autor intelectual' por encima de los que se sientan en el banquillo.

El tribunal puede ordenar en su sentencia una nueva investigación, pero parece difícil que lo haga teniendo en cuenta que Navarro se atribuye toda la responsabilidad de lo ocurrido en Turquía.