La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía, que aclare el papel de Ramón Díaz, hoy diputado autonómico por el PSOE y exasesor del principal implicado en el caso, el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero. En un escrito con fecha de este jueves, la Fiscalía reclama que se concrete el 'cargo, funciones e intervenciones' del actual diputado andaluz del PSOE Ramón Díaz en las subvenciones concedidas a la empresa Saldauto para su reestrucuración.

El Ministerio Público pide además a la jueza que requiera abundante documentación sobre las ayudas libradas para esta sociedad anónima laboral, informa Europa Press. En este ERE, promovido en 2007, se han detectado, por el momento, tres personas que jamás trabajaron en la compañía. Un testigo apuntó, en su declaración ante la Policía, que Díaz había participado en la colocación de los intrusos. Díaz tomó posesión de su escaño el pasado mes de febrero, en medio de la gran bronca por los ERE.

Díaz tomó posesión en el Parlamento andaluz en pleno estallido del caso

El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, logró poner entonces de los nervios a los socialistas. Pocos días antes de que Díaz accediese al Parlamento, insinuó que estaba implicado en el caso y auguró que iba a ser el diputado 'más breve' de la historia del Parlamento autonómico. Aun así, y a pesar de saber que Díaz había sido asesor de Guerrero en los años bajo investigación judicial, el PSOE lo elevó a diputado. Él ha defendido que no cometió ilegalidad alguna mientras ejerció su labor en la Consejería de Empleo y tachó los comentarios del PP de 'caza de brujas'. Al ser Díaz aforado, si la jueza decidiese imputarlo finalmente, su enjuiciamiento debería pasar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y dejar el juzgado de instrucción 6 de Sevilla en el que está ahora.

La Fiscalía, en su escrito, pide también a la jueza que requiera a la Consejería de Empleo la entrega 'ordenada y sistemática' de la 'relación individualizada' de convenios o 'documentos de soporte de pagos' suscritos con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antiguo IFA, un ente público instrumental designado en 2001 por la Junta como pagador de los ERE que Empleo decidiese financiar. La Fiscalía solicita también información acerca de subvenciones por valor de al menos 750.664,59 euros concedidas a Saldauto.

El PSOE decidió nombrarlo diputado pese a las críticas de la oposición

Alaya, además de una trama, radicada en la Consejería de Empleo, de colocación de falsos prejubilados vinculados al PSOE en ERE financiados con dinero público, investiga también un posible delito de prevaricación de miembros del Gobierno andaluz por el reparto de 647 millones de euros entre 2001 y 2010, supuestamente al margen de la ley. Según la investigación, el IFA-IDEA actuaba como pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas, que jamás se publicaron en el BOJA, habrían eludido la Ley de Hacienda Pública y la fiscalización de la Intervención.