El fiscal culpa a los padres de la violencia juvenil

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, envió este martes a los Jefes Superiores y los fiscales Provinciales de toda España una circular ante el aumento "preocupante" de "los malos tratos familiares protagonizados por los menores". El texto advierte de que los nuevos patrones violentos que han "proliferado últimamente" rompen con los tópicos familiares. "No se trata de un fenómeno asociado exclusivamente a las familias desestructuradas", destaca el texto que apunta a "las deficiencias del proceso educativo" como culpable.

El texto, titulado Sobre el tratamiento desde el sistema de justicia juvenil de los malos tratos de los menores contra sus ascencientes y de 36 folios, destaca que "los comportamientos violentos" se deben a "la ausencia de unas reglas de conducta adecuados en el núcleo familiar, sin imposición de límites y normas, generando carencias educativas" en los adolescentes. Y añade que esas ausencias influyen más en la "delincuencia juvenil" que otras causas como "las relacionadas con la marginalidad".

El informe se basa en situaciones en las que los menores son incontrolables ante sus superiores, ya sean padres, profesores o policías. El enfoque sociocultural de la Fiscalía, que habla de contextos socioeconómicos "de nivel medio-alto" coincide con los análisis sociológicos que los expertos extrajeron de sucesos violentos como los desarrollados hace justo un año en las fiestas populares de Pozuelo de Alarcón, el municipio como renta per cápita más alta de la Comunidad de Madrid.

"Son padres muy Peter Pan, incapaces de ver la importancia de la norma y los límites", reaccionó el ex Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, cuando los padres de los sietes menores detenidos recurrieron las medidas cautelares decretadas por el fiscal. Los padres recurrieron que sus hijos no pudieran salir de fiesta durante tres meses más allá de las 22.00 horas, hasta que fueran juzgados por el asalto a una comisaría en el que diez policías resultaron heridos.

Conde Pumpido señala que el cambio sociológico en el maltrato de padres a hijos ha cambiado tanto en el perfil de las víctimas como en el de los agresores. La circular explica que antes se había apuntado a casos en los que el violento era un adolescente educado en una familia "monoparental", "criado con su madre" y que adopta "posturas patriarcales y machistas". Sin embargo, "la evolución" dice que "cada vez se tiende a una mayor equiparación" de agresores entre hijos e hijas.

La circular insiste sobre todo en la medidas que deben ser tomadas cuando el suceso violento se produce en el entorno familiar. El momento en el que las víctimas son esos padres que en la introducción apunta como culpables y en el capítulo de "Diligencias de investigación" son definidos como "padres desamparados".

El escrito advierte a los fiscales de que tengan en cuenta, a la hora de tomar medidas, la dramática situación que viven los padres atacados en su propia casa. "Cuando [estas personas] dan el paso de denunciar a sus descendientes, se encuentran totalmente desbordadas, derrotadas e impotentes, conscientes de su fracaso como padres y con un dolor insondable por denunciar a su hijo".

Gran parte de las recomendaciones que incluye la circular abunda en la idea de que "la justicia de menores tiene por objeto educar" por lo que inciden en la necesidad de dar una respuesta "inmediata" con medidas cautelares para que el paso del tiempo no perjudique la "dimensión educativa" del proceso.

La protección del menor y el espíritu de reinserción o educación del joven choca con las corrientes conservadoras que han reclamado un endurecimiento de la ley del menor. El PP, tras el asesinato en Seseña de la adolescente Cristina Martín el pasado abril, reclamó una reforma para que los menores delincuentes pudieran recibir tratamiento psiquiátrico "sin su consentimiento ni el de sus padres", tal y como explicó la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Saénz de Santamaría.

Conde Pumpido insiste en que las medidas de alejamiento del núcleo familiar deben implicar a los padres con terapias para favorecer la educación del joven. E, incluso, valora la posibilidad de utilizar "la suspensión de la ejecución del fallo", porque "en determinados supuestos puede ser especialmente educativo y socializador otorgar una segunda oportunidad al menor maltratador".