El fiscal niega a Losantos el 'derecho al insulto'

"Lamento haber sido protagonista de un suceso en el que la libertad de expresión queda bastante maltrecha" frente al poder político. Con estas palabras del locutor de la Cope Federico Jiménez Losantos quedó visto para sentencia el juicio que comenzó la semana pasada por la querella por injurias graves continuadas que le interpuso Alberto Ruiz-Gallardón.

A pesar de la intervención de su abogada, Cristina Peña, que rebatió los argumentos de las acusaciones para negar el delito de injurias, Jiménez Losantos no quiso renunciar a la última palabra. Insistió en que la información en la que basó su opinión en las tertulias de su programa, durante diez días a lo largo de cinco meses, era veraz. "Ruiz-Gallardón jamás mandó una carta de aclaración" al titular con el que ABC informó sobre su intervención en el foro del diario el 7 de junio de 2006, y así, dijo, lo interpretaron todos los medios, a favor y en contra.

"Era necesario que yo dijera lo que Ruiz-Gallardón pretendía: cambiar la línea política de su partido sobre el 11-M, porque afectaba a la legitimidad del PSOE tras el 14-M". Más adelante señaló que debía decirlo, porque estaba en "plena campaña" contra la instrucción de los atentados.

"El dueño de la derecha"

Según Losantos, Ruiz-Gallardón ha "manipulado a la Administración de Justicia" con su querella, utilizada "como muestra de su poder político", para obtener "un rendimiento" y demostrar "a todo el mundo que el único dueño de la derecha es él". "Por desgracia está punto de conseguirlo y esto le ha ayudado", se quejó.

A pesar de las siete horas de juicio que llevaba a la espalda y su larga última palabra, Jiménez Losantos todavía hizo declaraciones al abandonar los Juzgados de lo Penal de Madrid. Dijo tener la conciencia muy tranquila y no tener intención de cambiar "ni una coma" de su programa de radio.

En sus manos llevaba un pequeño tricornio que dijoque le habían entregado víctimas del terrorismo de la Guardia Civil. Sólo tres personas asistieron a la vista como público. Llegaron cuando ya intervenía la defensa.

Sacrificio personal

Tras oír durante casi cuatro horas grabaciones de los programas de Losantos, el fiscal Alfonso San Román pidió a la juez Inmaculada Iglesias que condene al periodista a pagar una multa de 72.000 euros por sus "ofensivas" declaraciones sobre Ruiz-Gallardón, al que acusó de darle igual los 192 asesinados en el 11-M "con tal de llegar al poder".

"Tan injusto es no dejar informar como permitir cualquier crítica por injusta que sea. El sacrificarse puede ser una opción personal, pero en una sociedad no se puede obligar" a alguien a hacerlo, sentenció. El representante del Ministerio Público recordó que los testigos que el propio Losantos citó en el juicio "en absoluto le han apoyado" en que Ruiz-Gallardón pretendía que no se investigase el 11-M. "En una sociedad democrática no es el alcalde quien investiga un delito, sino que son los jueces, los fiscales y las Fuerzas de Seguridad. No hay pruebas de que el querellante haya obstaculizado la investigación".

Entre las sentencias que mencionó figuró una del Constitucional que establece que "la Carta Magna no reconoce un pretendido derecho al insulto", y negó que una condena en este caso suponga un ataque a la libertad de expresión o de información, porque todos los derechos tienen límites, y "en un país avanzado como España, los tiene que establecer el Poder Judicial".

Falta la veracidad

Por su parte, el abogado Luis Rodríguez Ramos, en nombre de Ruiz Gallardón, explicó por qué la estrategia de la defensa es centrar el debate en la libertad de expresión y no en la de información, porque este último requiere veracidad y por mucho que se repita que el alcalde quería "obviar el 11-M" y desprecia a la víctimas, el argumento es falso. "La cúspide del PP en absoluto ha avalado la tesis" de que el acusado "viene a ser un portavoz de la línea oficial del PP frente al verso suelto" que sería el alcalde.

Tras enumerar los distintos tipos de injurias, el letrado recordó los insultos que Losantos hizo a Gallardón ("cara de bantú", "lacayo de la oposición", "farsante" o "traidor") y cifró en 13 las cometidas del tipo mixto (que le dan igual los 200 muertos, que "no tiene límites para hacer el caldo gordo a Polanco" o que quería hacer "un número a lo Bono").
Rodríguez Ramos solicita que Losantos pague una multa de 168.000 euros y que se decomisen de los beneficios obtenidos gracias al delito. "El ánimo de injuriar es compatible con un ánimo de lucro que preside cualquier actividad profesional", dijo.

Lenguajes distintos

La abogada de Jiménez Losantos, Cristina Peña, discrepó diciendo que no se había realizado ningún tipo de prueba para cuantificar el supuesto lucro. Aseguró que Losantos se limitó a interpretar una información veraz, porque "las frases de Gallardón iban dirigidas a militantes del PSOE y del centro derecha, para atraer su voto". Destacó que los lenguajes de los políticos y los periodistas son distintos y que hay que contemplar los hechos según los usos sociales.