La Fiscalía del Tribunal Supremo pidió el pasado 17 de enero la absolución de Baltasar Garzón en el caso de las escuchas de la Gürtel. Ayer hizo lo mismo en el juicio de los crímenes del franquismo. Y en la tercera causa abierta simultáneamente al juez de la Audiencia Nacional, la de los cobros de Nueva York, pidió también el sobreseimiento.

El Ministerio Público, como siempre ha mantenido en este procedimiento, considera que el patrocinio de los cursos que Garzón impartió en Nueva York entre 2005 y 2006 no fue constitutivo de delito alguno y, por tanto, tampoco del cohecho impropio que el instructor de este procedimiento, Manuel Marchena, le atribuyó en su auto de 26 de enero.

Es la principal conclusión del escrito de 74 páginas que la Fiscalía presentó ayer. En cualquier caso, añade, el cohecho pasivo impropio, al que se refería exclusivamente el instructor en su auto de transformación en procedimiento abreviado, estaría prescrito, por lo que también debería dictarse el sobreseimiento libre de las actuaciones por esta causa.

En el recurso presentado por la defensa de Garzón contra el auto del 26 de enero también se apela a la prescripción, porque el soborno imputado al juez el más débil de los posibles prescribe a los tres años, y la querella de los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea fue admitida a trámite el 26 de enero de 2010.

Precisamente, los querellantes no consideran que Garzón sólo incurriera en el delito incluido por Marchena en su resolución. Por ello, en su escrito de acusación plantean varias alternativas que incluyen otros, penados con prisión. Entre ellos figura el cohecho propio, por el que proponen cinco años de cárcel para Garzón, y asociación ilícita, por el que piden dos años más. La extorsión se plantea de forma subsidiaria, si se entiende que no hubo cohecho.