A día de hoy el portavoz del Gobierno, José Blanco, no tiene aún siquiera comunicación de que el Tribunal Supremo haya abierto diligencias a partir de la exposición razonada enviada por la jueza de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, en la que se describen los indicios que ha encontrado en su contra por unos hechos que considera que pueden ser constitutivos de delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La Sala de Admisión del Supremo, compuesta por el presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, y los magistrados Francisco Monterde y Julián Sánchez Melgar al que podría corresponder la ponencia, aún no se ha reunido para estudiar la exposición que les envió la jueza la víspera de que comenzara la campaña.

Una fecha que supone irrumpir directamente en el proceso electoral, pese a la habitual norma del Supremo de no inmiscuirse en ellos con pronunciamientos de contenido político.

A la vista de cómo han sucedido los acontecimientos, cualquier solución parece mala para cumplir ese objetivo, por lo que no sería descartable que esta misma semana la Sala de Admisión se reuniera con dos magistrados más, para estar formada por cinco y solicitara al fiscal del Supremo un informe sobre si debe declararse competente y abrir una investigación.

La Fiscalía de Lugo consideraba necesario corroborar, mediante una 'diligencia de gran complejidad', los indicios aparecidos contra Blanco antes de dirigirse al Alto Tribunal. La propia magistrada admite en su exposición razonada que todavía no ha recibido el informe pericial contable que ella misma solicitó para contrastar la declaración del principal imputado, el empresario Jorge Dorribo, y las llamadas y mensajes de texto intervenidos.

Fuentes fiscales señalaron que el informe del Ministerio Público sostenía que los hechos atribuidos al ministro de Fomento podrían suponer un delito de tráfico de influencias y descartaba el cohecho, si no lo corroboraban otros datos, por las contradicciones detectadas en las declaraciones de Dorribo. Por eso pedía más pruebas.