“Inaceptable” fue el adjetivo escogido por la vicepresidenta primera del Gobierno, para cuestionar el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que avala que se hagan públicos los nombres de las mujeres imputadas por haber abortado de manera presuntamente ilegal en las clínicas del doctor Carlos Morín.

Horas después de que la Audiencia despertara un alud de críticas por parte de las asociaciones progresistas que trabajan en defensa de la mujer, María Teresa Fernández de la Vega anunció que la Fiscalía recurrirá un auto sobre el que no ahorró calificativos: “Se trata de una decisión inaudita, inaceptable y vulneradora de los derechos fundamentales de las mujeres” subrayó la vicepresidenta en un acto sobre políticas de Igualdad celebrado en el arranque de la segunda jornada del 37 Congreso del PSOE.

Según De la Vega, el auto que defiende dar a conocer los nombres de mujeres que se han sometido a un aborto “desprecia su intimidad y la confidencialidad de los datos”. Con esa justificación , la videpresidenta se empleó con una vehemencia poco habitual cuando se trata de valorar una decisión judicial por parte del Gobierno: “No vamos a resignarnos, no vamos a aquietarnos ante decisiones de esta naturaleza, sencillamente, no lo vamos a tolerar”.

La decisión de la Audiencia, que fuerza a la jueza que instruye el caso sobre presuntos abortos ilegales en las clínicas de Morín a dar a conocer las identidades de sus pacientes, se ha convertido para el Ejecutivo en una cuestión de honor, ya que torpedea el criterio defendido por De la Vega sobre esta cuestión en febrero, cuando señaló que “el Gobierno no va a consentir que se vulneren los derechos de ninguna mujer que haya tenido o tenga que hacer frente a una decisión tan dolorosa como la de interrumpir su embarazo”.

Convertida así en una cuestión de credibilidad política, la vicepresidenta del Ejecutivo optó ayer por trasladar a las mujeres afectadas “un mensaje de tranquilidad” que aplaudió la dirección socialista. Su número dos, José Blanco, reclamó ayer “la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales de la mujer y a los profesionales que las atienden”, en una referencia implícita al auto dictado por la Audiencia de Barcelona.