La Fiscalía Anticorrupción se ha puesto de parte del Gobierno andaluz en el enfrentamiento que este mantiene con la jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con dinero público. La petición de la jueza a la Junta de las actas del Consejo de Gobierno desde 2001 es 'desproporcionada' y afecta a documentos que, según la Ley del Gobierno de Andalucía, son 'materia reservada', según un escrito de la Fiscalía Anticorrupción firmado el 13 de abril y entregado al juzgado número 6 de Sevilla. La Fiscalía le pide a Alaya que desista de su pretensión, que ha dado lugar a un sonado choque de legitimidades entre el Gobierno que preside José Antonio Griñán y el juzgado.

La discrepancia entre Alaya y la Junta podría acabar, oídas las partes por parte de la jueza, en el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, dependiente del Supremo, que dirimiría quién tiene razón llegado el caso. La controversia se abrió con un auto de la jueza de 21 de marzo que ponía todo el foco de su investigación sobre los ERE fraudulentos en el Gobierno andaluz al solicitarle 480 actas de sus reuniones desde 2001. Era la primera vez que la justicia pedía a un Gobierno en España copia de sus acuerdos políticos.

El Ministerio Públicocree que la juezainvade competencias de la Administración

La petición de Alaya mordía en la yugular política de Griñán, que desde que se destapó el escándalo había intentado transmitir un mensaje de colaboración. De hecho, la Junta ha realizado su propia investigación, que ha dado una primera medida del escándalo, con la detección de 183 prejubilados irregulares, 72 de los cuales son intrusos, es decir, no trabajaron en las empresas por las que se prejubilaron. A las cuentas de estas 72 personas se han desviado 9 millones de euros. La investigación ha abarcado a 5.982 trabajadores beneficiarios de ayudas en 68 empresas. En 24 de ellas se han hallado intrusos y en 18 otras irregularidades.

Al auto de la jueza pidiendo las actas, la Junta respondió, tras varios días de reflexión, con una negativa. La petición, dijo Mar Moreno, portavoz de la Junta, era 'indiscriminada y generalizada' y suponía violar la Ley del Gobierno y la privacidad de sus reuniones. Alaya respondió el día 30 con otro auto que reafirmaba su petición y afeaba su enroque a la Junta. Y además dejaba claro que había elevado el tiro de su investigación más allá de los falsos jubilados. Si quería las actas desde 2001, explicaba, era porque en ese año se firmó el acuerdo con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que daba cobertura jurídica al reparto del fondo de 647 millones de euros bajo sospecha, el que el ex director general de Trabajo calificó ante la Policía como 'fondo de reptiles'. La jueza quiere comprobar, acta por acta, si el Gobierno andaluz utilizó el fondo para pagar los ERE sabiendo que eran fraudulento. Es decir, prevaricación.

El conflicto de legitimidades podría acabar en el Tribunal Supremo

La Junta y la jueza habían entrado en rumbo de colisión. Un letrado de la Administración se presentó el 4 de abril en el despacho de Alaya y le dijo que no le remitiría las actas, pero sí cuanta información 'relevante' necesitara. Alaya respondió dando a Griñán tres días para dejar en los juzgados las actas precintadas, como garantía de que no serían abiertas si ella mantiene su pretensión y el conflicto acaba en el Supremo. La jueza incluso insinuaba que la Junta podía alterar las actas a su conveniencia, algo que Anticorrupción ya consideró improbable en otro escrito de la semana pasada, que perfilaba claramente su discrepancia con la jueza. El conflicto cristalizó el 7 de abril con la imagen de todas las actas camino del juzgado en un armario empujado por dos currantes. La foto dio la vuelta a toda España, para irritación de los socialistas.

Ahora el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla, Juan Enrique Egocheaga, sostiene en su escrito que Alaya 'invade competencias que son propias del Gobierno autonómico, en concreto al reclamar las actas [...] en su globalidad y no extractadas y referidas a los acuerdos adoptados'. Por ello, el fiscal le pide que 'decline' su jurisdicción 'en el único extremo de no reclamar la entrega de las actas' desde 2001.

Javier Arenas ya ha sembrado en público dudas sobre la actuación del fiscal

También le ofrece una alternativa: que se conforme con la certificación acreditativa de los acuerdos adoptados por el Gobierno, expedida por el secretario del mismo. Los argumentos de Anticorrupción guardan similitudes con los de la Junta, que siempre ha ofrecido a la jueza vías alternativas a la entrega indiscriminada. El fiscal afirma que entre los documentos que pide la jueza los hay 'reservados' (informes incorporados a las actas) y 'secretos' (deliberaciones y votaciones). Así que ve la petición 'difícilmente compatible con la regla de proporcionalidad'. Y concluye: 'Si bien es prevalente el interés general de la investigación, también debe ser merecedora de cuidada reserva la protección de los intereses generales que ostenta un órgano de relevancia constitucional como el Gobierno andaluz'.

La Junta, que también ha recurrido la petición de la jueza, expresó ayer su confianza en que el conflicto se resuelva 'cuanto antes', en palabras de Mar Moreno, portavoz del Gobierno andaluz. 'La Junta se expresa a través de sus actuaciones, no vamos a hacer valoraciones', dijo Moreno. El líder del PP andaluz, Javier Arenas, ha manifestado en los últimos días su sospecha de que Anticorrupción actúa al servicio del Gobierno.

Pensiones ya pagadas

Mar Moreno, número dos del Gobierno andaluz, afirmó ayer que los ERE ‘muertos', aquellos que ya han sido pagados, 'están a disposición de la jueza Alaya y se entregarán cuando los pida'.

Opacidad

Hay polémica alrededor de estos ERE ‘muertos'. Los que ya se han investigado hasta ahora, arrojando el dato de 183 irregularidades, son los ‘vivos'. Es decir, los que aún se están pagando. La Junta les ha dado prioridad para evitar seguir pagando a quien no lo merece.

El PSOE, con su mayoría absoluta, ha evitado que el Parlamento investigue los ERE ‘muertos'. Pero eso no significa, afirma Moreno, que haya opacidad. 'No todos somos iguales ante la corrupción. Nosotros actuamos y explicamos, no como el PP', afirmó la número dos de Griñán.