El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha defendido hoy que el decomiso de vehículos por delitos de tráfico como un 'sustitutivo' de la pena de prisión, que ya afecta a casi 1.500 personas. 

Vargas se ha referido a la reforma del Código Penal, que entrará en vigor el próximo mes de diciembre, que abre la puerta al decomiso del vehículo como medida complementaria ante los delitos más graves contra la seguridad vial. No obstante, existirán una serie de 'criterios objetivos' en que los fiscales se basarán a la hora de tomar esta decisión, como las infracciones reincidentes del conductor o las manipulaciones que se hacen en un vehículo para incumplir las normas de circulación. Así, los inhibidores de radares, las sustancias que puedan dificultar la lectura de una matrícula o los tacógrafos pueden ser causa también de la retirada del automóvil. El juez también considerará si el vehículo es necesario para el trabajo del conductor, así como su situación económica y familiar. 'No se va a decomisar de forma indiscriminada', matizó Vargas.

El valor económico del vehículo también será determinante a la hora de tomar la decisión: 'Se decomisa más fácilmente un vehículo de diez años, que tiene menor impacto económico, que uno que tiene un gran valor', aclara Vargas. También ha avanzado que la Fiscalía propone la creación de un Fondo de Vehículos Decomisados que regule su depósito y (cuando sea necesario) su venta. Según sus palabras, espera que el dinero recaudado 'revierta' en la sociedad y pueda utilizarse para un programa de rehabilitación para conductores drogadictos y alcohólicos.

Para el fiscal, el decomiso de vehículos pretende sustituir la pena de prisión, ya que se trata de una medida  'muy rigurosa', que debe quedar 'reservada' a los casos 'muy graves'.

En toda España son 988 los conductores que cumplen condena por delitos relacionados con la conducción, el 90% hombres. Esta cifra no tiene en cuenta a Cataluña, comunidad que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria y donde se calcula que pueden haber otros 500 más.

Según Vargas, sus penas se relacionan mayoritariamente con la conducción sin permiso (352), la conducción bajo la influencia del alcohol y las drogas (284) y la conducción temeraria (236). Es último punto contiene un epígrafe en el que se incluyen los homicidios imprudentes, que en este año ascienden a 680. La pena de prisión sólo suele aplicarse tras varias condenas firmes en cortos periodos de tiempo (tres, cuatro o cinco en un mes).

El balance también contabiliza 6.600 lesiones imprudentes y cifra en 109.768 los procedimientos penales registrados durante 2009. Esto supone un incremento del 26% respecto a 2008, cifra que, según Vargas, no significa que haya más delitos sino 'más eficacia en su persecución'.

Desde diciembre de 2007 (cuando entró en vigor la reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial) la Fiscalía ha contabilizado 233.488 condenas, 135.000 de ellas provocadas por el consumo de alcohol y drogas.

En este sentido, Vargas ha recordado que el proyecto europeo Druid sobre el consumo de alcohol y estupefacientes al volante (realizado entre septiembre de 2008 y agosto de 2009) demostró que el 12,2% de los conductores había consumido drogas. El fiscal considera que la regulación actual es 'insuficiente' y que se deberían realizar 'tantos controles de drogas como de alcoholemia'.

Una de las conductas más extendidas que la Fiscalía pretende perseguir es la de los 'acosadores' que van 'pegados' detrás de un vehículo. Vargas ha estipulado que cuando su conducta sea delictiva se considerará su actitud como 'conducción temeraria', un delito castigado con penas de entre seis meses y dos años de prisión.