La Fiscalía ha pedido multas de entre 60 y 90 euros para las cinco personas denunciadas por la Policía Nacional en la protesta registrada el pasado mes de julio en el Palacio de la Magdalena con motivo de la visita del ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Los acusados -dos estudiantes, un parado, una viuda con un hijo a su cargo y un miembro de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública- han declarado este viernes que los insultos que profirieron ese día contra Wert iban dirigidos no a la persona, sino al cargo que ostenta, se declararon inocentes y afirmaron que si de algo son culpables es de defender la enseñanza pública frente a los recortes del Gobierno. Los cinco acusados no se conocían entre sí pero coincidieron ese día en la 'primera línea' de una concentración contra los recortes en la educación pública. Así se puso de manifiesto en el juicio de faltas, celebrado este viernes en el juzgado de instrucción número 5 de Santander en Las Salesas. Una sexta persona fue denunciada en aquella protesta, pero al ser menor de edad, no sigue el mismo cauce.

A las puertas del complejo judicial, los encausados fueron arropados por varias decenas de personas de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, que defendió su actuación pacífica y pidió su libre absolución, argumentando que la denuncia fue fruto de una 'consigna política'. El portavoz de la plataforma, Eloy Baro, aseguró que la denuncia de la Policía Nacional contra estas personas no está justificada porque 'no hubo ningún incidente ni acto violento'.

Los agentes denunciantes, integrantes del operativo que la Policía Nacional montó en el Palacio de la Magdalena con motivo de la visita de Wert para inaugurar los cursos de la UIMP y la concentración de protesta, explicaron que al llegar el ministro, los cinco denunciados profirieron 'insultos graves' contra las autoridades presentes, especialmente contra el ministro, al que llamaron 'hijo de puta, chorizo, ladrón'.

'Formaban la primera línea [de la protesta] y los teníamos a un metro de distancia', declaró a preguntas del fiscal uno de los agentes, quien puntualizó que un miembro de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública 'llamó la atención' a los manifestantes ante el tono de los indultos, y 'también la insultaron'. Según este agente, uno de los denunciados dijo a Wert: 'Tendrías que estar muerto' y 'colgado de un árbol estarías mejor'. El segundo agente ratificó la versión de su compañero, del que le separaba 'medio metro', y explicó que 'a última hora cerraron más la línea' del cordón policia. Reconoció que cuando procedieron a la identificación de los ahora encausados, su reacción fue totalmente pacífica.

Los acusados se mostraron de acuerdo con la declaración de los agentes aunque con 'matices', salvo Oscar Manteca, miembro de la plataforma en defensa de la enseñanza pública, quien aseguró que los policías le identificaron 'antes de que sucedieran los hechos' y que le dijeron que era 'escoria del 15M'. Tal y como declaró, Manteca no se dirigió al ministro sino al consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, al que llamó 'mamporrero del Opus Dei, meapilas y churraconfesionarios'. Su objetivo, dijo, era 'insultar sus políticas a favor de la segregación y la secta religiosa a la que pertenece el consejero'.

La viuda, María Luisa González, explicó que como 'madre preocupada por el futuro de su hijo', acudió a la protesta para manifestar su 'descontento' ante el deterioro de uno de los 'pilares básicos' del Estado de Bienestar como es la educación que 'se está desmoronando' y se va 'a pique', dijo. 'En el fragor de la protesta, todos perdimos un poco los papales, pero no eran insultos personales, sino a la cartera de Wert y sus políticas', añadió.

Lo mismo declararon Alfonso Javier Riancho, estudiante; Manuel Fernández, en paro desde abril de 2009 y sin ingresos desde febrero de 2010; y Pablo Lobeto, estudiante, quienes subrayaron que la protesta fue 'en todo momento pacífica y no hubo ningún incidente'.

Para los cuatro últimos la Fiscalía pide una multa de 60 euros (15 días a razón de cuatro euros diarios) y para Oscar Manteca, 90 euros (15 días a razón de seis euros al día). El fiscal sostiene que 'la forma de manifestarse y luchar por lo que uno quiere no es el insulto', que 'debe defenderse la protección del principio de autoridad', y que los insultos que se profirieron ese día iban contra la persona.

La abogada defensora, por su parte, afirmó que en este caso entran en conflicto la dignidad de la persona y el derecho de libertad ideológica y de libertad de expresión, y cuando eso ocurre, el Tribunal Constitucional ha dictaminado en reiteradas ocasiones que 'hay que observar tiempo, lugar y persona'. En este sentido, recordó que los hechos sucedieron en una concentración contra la política educativa del Gobierno, en la que participaron más de 50 personas, subrayó que 'el límite de las críticas a los cargos públicos es más amplio que para el resto de personas', y añadió que la libertad de expresión 'ampara' las críticas constructivas y también aquéllas que 'puedan molestar'.