Francia e Italia endurecen sus contratos de integración

Lo anunció el líder del PP, Mariano Rajoy, en plena precampaña electoral en 2008: "Si ganamos, crearemos un contrato de integración para los inmigrantes en el que se comprometan a cumplir las leyes, a aprender la lengua y a respetar nuestras costumbres". El Gobierno valenciano recogió la idea, aunque, tras el revuelo que suscitó, la descafeinó. El contrato pasó a llamarse "compromiso", sin papeles de por medio y optativo.

La polémica se ha repetido ahora en Francia de manos del Gobierno de Nicolás Sarkozy, que hará firmar a los inmigrantes una carta de derechos y deberes. Además, deberán confirmar su adhesión al principio de igualdad de sexos y acreditar un nivel aceptable de francés. En Francia existe ya un contrato de acogida e integración, desde 2006, por el que el inmigrante que solicita la nacionalidad se compromete a seguir los módulos propuestos por el Estado de formación cívica y lingüística.

El Gobierno italiano de Silvio Berlusconi, de la mano de su aliado, el xenófobo partido de la Liga Norte, tiene previsto asimismo instaurar un permiso de residencia por puntos, a imitación del carnet de conducir. Los inmigrantes deberán superar diversas pruebas y exámenes para residir legalmente en el país, con materias como lengua italiana, Constitución, reglas cívicas o el funcionamiento de las instituciones públicas del país. Si en dos años no superan los exámenes y consiguen los 30 puntos, serán expulsados.

Estas medidas persiguen, según sus responsables, la integración del inmigrante. No obstante, las asociaciones en defensa de derechos humanos denuncian que los Estados olvidan que la integración es un esfuerzo compartido.