Las diplomacias de Francia e Italia están trabajando sobre el borrador de una declaración común al máximo nivel para abrir un proceso de revisión del Tratado de Schengen, y así endurecer esa convención sobre el espacio interior de seguridad de la UE en los capítulos que tocan a la llegada de inmigrantes.

Eso es lo que se desprende de las declaraciones, publicadas el sábado y el domingo, tanto del ministro francés de Asuntos Europeos, Laurent Wauquiez, como del canciller italiano, Franco Frattini. Los dos Gobiernos conservadores parecen haber entrado en sintonía, tras una semana de aparente crisis abierta hace dos domingos por la decisión de París de cerrar momentáneamente la frontera, aprovechando un incidente con unos 60 inmigrantes tunecinos.

El ministro francés explicó en una entrevista publicada por Le Journal du Dimanche que París ve necesario modificar las convenciones de Schengen para instaurar 'un freno de emergencia en caso de crisis mayor' por afluencia de inmigrantes. París estima que los más de 25.000 inmigrantes que han llegado a Lampedusa tras las revoluciones del Magreb son una de esas 'crisis mayores'.

'Europa no significa la libre circulación de inmigrantes ilegales. Debemos aprender de las lecciones de esta crisis, como lo hicimos cuando el euro fue atacado. La solución está en una mayor integración, pero también necesitamos un freno de emergencia en caso de crisis mayor', detalló.

El ministro, avalado por la toma de posición de la Presidencia francesa el viernes, fue aún más preciso, y aseguró que se trabajará 'sobre una nueva cláusula' de Schengen que permita 'restablecer los controles de fronteras en caso de afluencia mayor'.

Para ello, el presidente del Consejo italiano, Silvio Berlusconi, y el jefe de Estado francés, Nicolas Sarkozy,aprovecharán la cumbre franco-italiana que tendrá lugar mañana en Roma.

Según el ministro francés, Sarkozy y Berlusconi 'harán una declaración común en dirección de las instituciones y de los países europeos, que tratará de los temas reales de las ayudas a los países de la Unión más directamente concernidos por los problemas migratorios, y también dirigida a los países de origen de los flujos, como Túnez, Egipto o Libia.