El frente catalán para reclamar 1.450 millones se rompe en el Congreso

CiU ya sabe que la moción que presentará hoy en el Congreso para tratar de conseguir el pago del Fondo de Competitividad no contará con el apoyo de los 25 diputados del PSC a no ser que acepte gestionar este contencioso a través de una reunión bilateral entre Gobierno y Generalitat, algo que anoche rechazaba. CiU también sabe que si acepta llevar el asunto a una mesa de negociación formal, la exigencia al Ejecutivo central de tratar el asunto contará con el apoyo de los 169 diputados del PSOE.

A la espera de lo que ocurra hoy en el Congreso, los dos principales partidos catalanes se intercambiaban ayer mensajes. "Ahora veremos exactamente qué pretende CiU: si realmente quiere ese dinero para elaborar los presupuestos de este año o si hace lo que hace en clave electoral de la mano del PP", manifestó ayer a Público Daniel Fernández, portavoz del PSC en el Congreso. La reunión mantenida en el seno del Grupo Socialista se saldó con éxito, ya que el PSOE aceptó, sin alterar ni una sola palabra, la enmienda planteada por el PSC el viernes. Así, el texto definitivo insta al Gobierno al "cumplimiento de todos los compromisos derivados del vigente acuerdo de financiación autonómico" y a "convocar a tal efecto los mecanismos bilaterales de negociación Estado-Comunidades Autónomas para acordar la concreción y aplicación de dichos compromisos".

PSC y PSOE piden una negociación entre Gobierno y Generalitat

La enmienda quedará registrada hoy mismo y desde el PSC se recordaba a CiU que, si acepta acudir a los mecanismos de negociación bilaterales, "la moción tendrá una fuerza que no tenía cuando ellos la presentaron". A pesar de eso, Fernández no ocultaba un cierto escepticismo respecto a las intenciones electorales de CiU. Lafederación ha insistido en las últimas fechas en que los socialistas catalanes están supeditados a las decisiones que adopta el PSOE.

Prueba de ello fueron las declaraciones del presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol, que lanzó ayer un aviso al PSC: "Aquí no valen las dobles personalidades, o se defiende a Catalunya o no se defiende". Pujol vaticinó que los socialistas catalanes "se acabarán plegando a los dictados de lossocialistas españoles".

Los convergentes plantean que «o se defiende Catalunya o no se defiende»

El presidente del grupo de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, recordó a los diputados socialistas que han declarado reiteradamente "que estarían al lado del Govern de la Generalitat en esta cuestión".

El líder democristiano aclaró ayer que CiU no aceptará la enmienda socialista ni admitirla en la moción ni negociar otra posibilidad recordando que en el Senado ya se votó esta misma petición al Gobierno, en ese caso con los votos del PSC: "Votaremos en el Congreso lo mismo que votamos en el Senado". Además, Duran recordó que la posición que defiende el Govern y con la que el PSC se ha mostrado de acuerdo quedaría reforzada si tuviera el voto unánime de todas las fuerzas catalanas: "Mañana [por hoy] es un buen momento para que, más allá de palabras vacías, los socialistas voten a favor del resto de fuerzas políticas catalanas y hagan posible la unidad que nos refuerza ante el Estado".

Las acusaciones de CiU al PSC fueron secundadas de forma un tanto sorprendente por el PP de Catalunya, que en 2009 votó en contra del acuerdo de financiación autonómica en que se acordó el pago del Fondo de Competitividad. Los populares también rechazaron el Estatut, la segunda ley en que se basa el actual marco económico. Alicia Sánchez-Camacho vaticinó que los 25 diputados del PSC enmarcados en el Grupo Socialista "votarán en contra de los intereses de Catalunya y a favor de los intereses deZapatero".

Aunque CiU ha avivado el debate sobre estos 1.450 millones en plena campaña de las elecciones municipales en Catalunya, lo cierto es que Artur Mas está pendiente de saber si podrá contar con esta suma de dinero a la hora de confeccionar el presupuesto de 2011. De momento, la Generalitat tiene prorrogadas las cuentas de 2010, a las que está aplicando una reducción de gasto del 30% a la espera de que se resuelva el conflicto. Las posibilidades de que hoy se avance son remotas, aunque el Govern sigue confiando en que, tras las elecciones, todo sea más fácil.