Fuerte rechazo social y político a dotar a los Mossos con pistolas eléctricas

BARCELONA.- La decisión de la Generalitat de Catalunya de equipar a los Mossos d'Esquadra con pistolas eléctricas es el último capítulo en el largo debate político y ciudadano sobre el modelo de gestión de la seguridad en este territorio.

El conseller de Interior, Ramon Espadaler, anunció hace unos días en una entrevista en TV3 que la policía autonómica contaría en 2015 con cien pistolas eléctricas —conocidas popularmente como Taser por el nombre de la compañía estadunidense que fabrica la mayor parte—, una por cada comisaría de los Mossos. ICV-EUiA y la CUP han pedido que la compra no se lleve a término sin que se abra un debate público en el Parlament sobre la cuestión, una demanda similar a la que hace Amnistía Internacional (AI). En cambio, los sindicatos de la policía catalana acumulaban una década reclamando la adquisición y el uso de las Taser, hasta ahora sin éxito.

“Es una herramienta no letal que en algunos supuestos puede ser mejor que algunas otras [armas] y que puede ayudar a hacer bien el trabajo”, dijo Espadaler para justificar su decisión, añadiendo que el Departamento de Interior formará a los agentes que las lleven. La división técnica de los Mossos ha realizado un informe que avala el uso de las Taser, con el argumento que tienen un efecto inocuo, contradiciendo a varios estudios forenses y a organizaciones de defensa de los derechos humanos como AI. La policía catalana apunta que, en todo caso, la utilización de las armas eléctricas seria “esporádica y regulada” y restringida a determinados mandos. En este sentido, las 100 unidades que la Generalitat quiere comprar -del modelo X26P- irían destinadas a los jefes de turno de cada comisaria.

"En algunos supuestos puede ser mejor que algunas otras [armas] y que puede ayudar a hacer bien el trabajo”, dijo el conseller de Interior

Unas semanas antes del anuncio de Ramon Espadaler, se presentó en sociedad la plataforma Stop Taser, que pide la prohibición de su uso por cualquier cuerpo de seguridad. Actualmente alrededor de unas cincuenta policías locales de Catalunya tienen pistolas Taser, como las de Badalona, Girona y Blanes, cifra que se acerca al centenar en el resto de España. Stop Taser agrupa a unas 50 organizaciones, entre les que hay la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), el sindicato CGT y partidos como ERC, ICV-EUiA y la CUP y advierte de la peligrosidad de este tipo de pistolas.

Casi 900 muertos en EEUU

Las pistolas Taser emiten una descarga eléctrica sobre las personas contra las que se disparan, produciendo una parálisis muscular que inmoviliza a la víctima. Ante el “efecto inocuo” que proclaman los Mossos, el abogado y portavoz de la plataforma Stop Taser, Andrés García Berrio, recuerda que el efecto “puede llegar a ser letal en personas que han consumido drogas o alcohol, personas que tienen problemas cardiovasculares, o en mujeres embarazadas”. García Berrio subraya que cuando un policía la dispara “no sabe qué puede provocar, porque desconoce la situación médica de la otra persona”.

El informe Voltios sin control, presentado por Amnistía Internacional en septiembre de 2007, documenta la peligrosidad de las armas Taser y las muertes que ocasionaron en Estados Unidos entre 2001 y 2007 (269) y en Canadá entre 2003 y 2007 (15). Las cifras todavía son más elevadas si se tiene en cuenta el recuento de la organización Truth...not Taser, que eleva a 890 las muertes en Estados Unidos entre 1983 y el pasado 15 de febrero. En países europeos, como el Reino Unido o en Francia también se ha documentado víctimas mortales de las armas eléctricas y su uso ha generado indignación ciudadana.

“Puede llegar a ser letal en personas que han consumido drogas o alcohol, personas que tienen problemas cardiovasculares, denuncia el portavoz de la plataforma Stop Taser

“Tal como se plantea ahora, los Mossos no deberían utilizar pistolas Taser, pero las podríamos llegar a aceptar si se siguieran una serie de protocolos”, expone a Publico Dani Vilaró, portavoz de AI Catalunya. Vilaró añade que “nos asusta el uso abusivo que se hace” de las Taser en países como los Estados Unidos o Canadá y considera que debería ser sólo un recursos extremo, similar a una arma de fuego, sólo para cuando “el agente ve amenazada su vida, pero no para aquellos casos en que sólo quiere inmovilizar a la persona”. En cualquier caso, el portavoz de la ONG pide transparencia al conseller de Interior y que se debata “para que se quiere este tipo de material”. “¿Los Mossos conocen los riesgos de las Taser? ¿Se han formado para usarlas? ¿Han hecho caso de los estudios que han hecho ONG de derechos humanos sobre ellas o tienen en cuenta lo que ha pasado con su uso en países anglosaxones?”, se cuestiona Vilaró.

La ONU, en contra

Andrés García Berrio, de Stop Taser, recuerda que los sindicatos policiales “llevan diez años presionando a los políticos para que compren este tipo de armas”, pero tiene claro que las cuestiones de seguridad “no pueden ser sólo un debate policial” y aboga por la “prevención”. El abogado, que también es miembro de la CPDT, recuerda que las nuevas versiones de las Taser “dejan rastro de cuando se han usado, pero no dejan marca en el cuerpo de las personas”, una cuestión que facilitaría los abusos.

En un informe de noviembre de 2009 el Comité Contra la Tortura de les Naciones Unidas recomendó al Estado español que abandonara su uso -entonces restringido a algunas policías locales- porque sus efectos en el estado físico y mental de las víctimas podría conculcar a dos artículos de la Convención Contra la Tortura.

La Generalitat de Catalunya compró siete pistolas Taser durante el primer gobierno tripartito, cuando la socialista Montserrat Tura era la titular de Interior, pero no llegaron a usarse. Joan  Saura (ICV), su sucesor en el segundo tripartito —presidido por Montilla—, excluyó a las armas eléctricas de la política autonómica catalana. Incluso en 2011, ya con Mas al frente del gobierno, el conseller de Interior, Felip Puig, rechazó la propuesta del sindicato SME-CCOO para que los Mossos las usaran, esgrimiendo su peligrosidad.

En los últimos años, los sindicatos policiales han insistido en su petición, a menudo después de una actuación polémica como fue la muerte de Juan Andrés Benítez, y finalmente parece que ahora se salen con la suya. Y es que el conseller Espadaler ha rechazado la petición de ICV-EUiA de que sea el Parlament el que decida sobre las Taser, cosa que sí pudo hacer finalmente con las balas de goma, aprobando su prohibición.